Los jueces perderán mañana la iniciativa para decretar la prisión preventiva

A partir de mañana, con la entrada en vigor de la ley orgánica del Tribunal del Jurado, los jueces de instrucción perderán su actual capacidad de decretar, por propia iniciativa, la prisión preventiva. Tal decisión sólo podrán tomarla si la pide el Ministerio Fiscal u otra de las partes.En cambio, continuarán disponiendo de la facultad de decretar de oficio la libertad provisional sin fianza, medida que tendrán que acordar "necesariamente" si ninguna de las partes pide que se decrete la prisión.Entre otras reformas, la nueva ley introduce un artículo en la ley de Enjuiciamiento Criminal: el 504 bis 2. Según el nuevo precepto, desde que el detenido sea puesto a disposición judicial, el juez de instrucción o tribunal que deba conocer de la causa, "salvo que decrete su libertad provisional sin fianza, convocará audiencia, dentro de las 72 horas siguientes, al Ministerio Fiscal, demás partes personadas y al imputado, que deberá estar asistido de letrado por él elegido o designado de oficio".

En dicha audiencia, las partes podrán proponer los medios de prueba que puedan practicarse en el acto o dentro de las 24 horas siguientes, sin rebasar en ningún caso las 72 horas indicadas. Sólo "si en tal audiencia alguna parte lo interesase, oídas las, alegaciones de. todas las que concurrieren, el juez resolvera sobre la procedencia o no de la prisión o libertad provisionales". Y "si ninguna de las partes lo instase, el juez necesariamente acordará la cesación de la detención e inmediata puesta en libertad del imputado".

El único supuesto en que el juez podrá acordar la prisión por propia iniciativa se producirá si la comparecencia prevista no pudo celebrarse "y estimase riesgo de fuga". En tal caso, el juez la convocará en las 72 horas siguientes y adoptará "las medidas disciplinarias a que hubiere lugar en relación con la causa de no celebración de la comparecencia".

El fiscal general del Estado, Carlos Granados, consultó ayer a la Junta de Fiscales de Sala un proyecto de circular para instruir sobre la puesta en marcha de la nueva ley, que exige un incremento de la plantilla de fiscales.