El Ayuntamiento premia a constructoras que le deben 1.750 millones con nuevos contratos

Siete empresas constructoras de estacionamientos para residentes deben al Ayuntamiento de Madrid 1.750 millones del canon con el que está gravada cada plaza de garaje. Y resulta que al menos cuatro de las siete empresas adjudicatarias morosas han sido premiadas con el encargo de construir nuevos estacionamientos. Cada vez que las empresas venden una plaza a los ciudadanos, están obligadas a entregar en el plazo de un mes el 50% del canon de la plaza, entre 100.000 y 650.000 pesetas (véase cuadro). De forma que el Ayuntamiento no ha ingresado 1.750 millones que los vecinos han entregado a las empresas. "Es un fraude con los usarios", protesta el socialista Eugenio Morales.

El Ayuntamiento de Madrid aprobó en mayo de 1992 el recargo sobre cada plaza de estacionamiento para residentes (PAR), llamado canon. Los nuevos pliegos de condiciones lo fijaban entre 150.000 y 650.000 pesetas, según la categoría fiscal de la calle en la que se ubica el subterráneo.La Casa de la Villa confiaba entonces en ingresar 2.500 millones de pesetas sólo con la adjudicación de 13 estacionamientos sujetos a la nueva tasa. Han pasado tres años, y el número de garajes que deben pagar el recargo asciende a 33. Esta treintena de estacionamientos deberían aportar 4.456 millones a las arcas municipales una vez vendidas la totalidad de las plazas (11.875).

Dado que las adjudicatarias han contratado 7.410 plazas de aparcamiento, en estos momentos las empresas deberían haber desembolsado 1.750 millones. El concejal socialista Eugenio Morales solicitó a finales de octubre al alcalde, José María Álvarez del Manzano, saber los derechos ingresados y pendientes de los 33 subterráneos citados. Morales, con esta información en la mano, indica que el Ayuntamiento tan sólo ha ingresado 309,5 millones un 17% del.

Nuevas adjudicaciones

La gravedad del asunto radica según el Grupo Socialista, en que a las empresas se les tolera el retraso del pago. La concejalía de Tráfico, cuyo responsable es José Ignacio Echeverría, ha adjudicado la construcción de nuevos estacionamientos a constructoras ya morosas en el momento de la concesión de las obras. Morales cita el ejemplo de cuatro empresas. Así, GRD, obligada a ingresar 27 millones por las 158 plazas que ya había vendido del estacionamiento de Peñuelas (Arganzuela) y otros 174 millones por la venta de 538 plazas en el estacionamiento de Rosales III, recibió en abril de 1994 la adjudicación de los subterráneos de el Espinillo y Hernani.

Otras constructoras premiadas pese a sus deudas son Grutecon, INAV y Promotora Brístol, siempre según los datos que maneja Morales, aportados por el mismo gobierno municipal del PP. La primera ya debía 6.500.000 pesetas del canon del PAR (estacionamientos para residentes) de alcalde Sainz de Baranda (Retiro) cuando recibió el encargo municipal de construir el aparcamiento de Antonio Mena.

Por su parte, INAV resultó beneficiada por la adjudicación de un PAR en Matilde Gayo en abril de 1994, fecha en la cual no había ingresado el canon inicial de 80 millones de pesetas por las 269 plazas contratadas en esa fecha en el PAR de Cirajas.

Y la Promotora Brístol debía casi 37 millones por las 123 plazas de la calle de Cantabria en abril del año pasado, fecha en la cual el Ayuntamiento encargó la construcción del PAR de la calle de Arganda.

Este diario intentó el viernes hablar con José Ignacio Echeverría y Pedro Bujidos, concejales, respectivamente, de Policía Municipal, Tráfico e Infraestructuras y de Hacienda para que explicasen la tolerancia practicada con estas empresas, pero ninguno contestó.

Un segundo agravante de la situación radica en que los ciudadanos compradores de plazas de estacionamiento ya han pagado el canon a las adjudicatarias. "Es un fraude con el usuario, que además conoce el alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano", protesta Morales. Dado que las constructoras ya han recibido el dinero que deberían dar al Ayuntamiento, no cabe siquiera la justificación de que en los últimos años ha bajado notablemente la demanda de plazas de garajes de residentes.

Morales destaca que los subterráneos para residentes (ya ni siquiera lo son, debido a que los ciudadanos pueden acceder a las plazas de garaje aunque no estén empadronados en el distrito donde se ubica el garaje) se construyen sin que exista un estudio de mercado sobre su demanda. El Ayuntamiento se comprometió en el pleno del mes de marzo de 1992 a realizar informes previos sobre la necesidad de aparcamiento en los barrios. Nunca se han hecho.

Además, el PSOE solicitó, en el pleno extraordinario sobre tráfico celebrado el pasado febrero, la supresión del canon, de forma que la compra de plazas no afecte, como lo hace, en el bolsillo de los vecinos (cuestan un promedio de dos millones, y la propiedad revierte al Ayuntamiento en el plazo de un año). También pidió al Gobierno del PP una fecha fija de terminación de las obras de estas infraestructuras, debido a que se ha convertido en algo habitual el retraso de hasta dos años en la construcción. Los propietarios, cada, mes que pasa, están obligados a pagar un sobreprecio equivalente al 1,4% del precio inicial.

Traspaso a otras empresas

Mañana, la comisión informativa de la concejalía que preside Echeverría propondrá una serie de medidas para atajar la deuda de las constructoras de estacionamientos. Una de ellas es la cesión de plantas enteras de aparcamientos a otras firmas distintas a las constructoras. "Si las adjudicatarias no son capaces de vender las plazas, cómo lo van a hacer otras empresas sin estructura de venta?", se pregunta Morales.

El concejal socialista señala, finalmente, otra contradicción para la cual no existe explicación lógica. Pese a la caída de la demanda, el Ayuntamiento ha ampliado en muchos casos los contratos iniciales para aumentar el número de plazas construidas en cada estacionamiento. Así sucedió en Rosales III y Valle de Suchil, dos estacionamientos adjudicados en principio para tener tres plantas y después ampliadas a cuatro. Mañana, Tráfico propondrá la cesión de una planta de Rosales a Caja de Madrid.