El Poder Judicial expedienta a dos magistrados de la Audiencia Nacional por el 'caso Matalaz'
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha expedientado a los magistrados de la Sección Segunda Penal de la Audiencia Nacional Manuel Trenzado y Jorge Campos, encargados de la causa contra el comando Matalaz, de ETA. El expediente investigará si la demora en la tramitación de la causa pudiera constituir infracción disciplinaria". Como instructor del expediente ha sido nombrado el presidente de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, José Jiménez Villarejo.El CGPJ remitirá su acuerdo al Fiscal General del Estado, al Ministerio de Justicia e Interior y a los colegios de Abogados y Procuradores de Madrid por si el fiscal, el secretario y el procurador de la causa también hubieran incurrido en actuación "negligente o retardatoria".
El presidente de la comisión discipilinaria, el vocal José Antonio Zarzalejos, dijo ayer que el Servicio de Inspección del CGPJ realizó "un detallado y preciso informe en el que, inicialmente, se advierten muy significativos retrasos" que impidieron la celebración del juicio oral hasta el 28 de septiembre de 1995. Para entonces tres de los cuatro procesados, excarcelados en junio, se habían dado a la fuga.
Zarzalejos no desveló los nombres de los magistrados afectados por el expediente, aunque fuentes del Consejo indicaron que se trata de los ponentes Manuel Trenzado -quien hace algunos meses pasó la Sala de lo Contencioso- y Jorge Campos, magistrado con un buen currículo como presidente de audiencia en Gerona y que llevaba pocos meses en la Audiencia Nacional cuando, como sustituto de Trenzado, le tocó hacerse cargo del caso Matalaz.
Zarzalejos dijo que no se han apreciado retrasos significativos en la instrucción, realizada por los jueces de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y Manuel García Castellón.
Diversas fuentes consultadas ayer consideraron que el verdadero fallo cometido por el tribunal fue excarcelar a los procesados, cuando el juicio se podría haber retrasado unos 45 días por dilaciones de la defensa.
El acuerdo también fue trasladado al fiscal del Estado, "ante la demora apreciada en la intervención del ministerio fiscal en la causa". El fiscal de la Audiencia Nacional encargado del caso, Jesús Santos, ya envió a la fiscalía del Estado un informe sobre su actuación, en la que pidió que no se computase el plazo de dilaciones provocados por las defensa de los presuntos etarras. También se remitió el acuerdo al Colegio de Abogados de Madrid por si éste aprecia responsabilidad disciplinaria en el letrado de HB Kepa Landa y al de Procuradores por si encuentra procedente actuar contra el colegiado José Manuel Dorremoechea.
