El ex presidente de Tibidabo, en libertad provisional, tiene tres procesos abiertos

Javier de la Rosa está en libertad bajo fianza como inculpado en el caso que investiga la descapitalización de Grand Tibidabo. Es un hombre a la espera de que los fiscales presenten su escrito de acusación, que, tras ser sometido al juez: Joaquín Aguirre antes de Navidad, previsiblemente cerrará el sumario. Esta causa llevó a prisión a Javier de la Rosa el 19 de octubre de 1994. Allí permaneció 108 días. Pero el zapato judicial que más aprieta a De la Rosa procede de Londres y supone una muy sena amenaza para todas sus propiedades y fondos en el extranjero. Mientras tanto, el juez Miguel Moreiras ha paralizado la querella del Grupo Torras en la Audiencia Nacional.

Javier de la Rosa no consiguió frenar el proceso iniciado en Londres. Fracasó en su intento de que el procedimiento que tenía abierto ante la Corte Comercial de aquel país se sometiera a la jurisdicción española. Se le acabaron todas las esperanzas cuando la House of Lords, que en el Reino Unido tiene la máxima competencia en materia de casación judicial y que es el equivalente en el derecho anglosajón al Tribunal Supremo español, reconoció plena autoridad de jurisdicción a los tribunales ingleses. A partir de entonces, los acontecimientos se precipitaron sobre De la Rosa. El disclosure o revelación le ponía contra las cuerdas. 0 revelaba qué había hecho con 480 millones de dólares y el resto de intereses, hasta 500 millones (55.000 millones de pesetas), o perdía el caso, con lo que los tribunales ingleses ejecutarían los embargos preventivos internacionales contra él. A pesar de sus bravuconadas iniciales -declaró a varias emisoras de radio que era KIO y no él quien sabía donde estaba la citada cantidad- y declaraciones en las que además aseguraba que no contestaría, en el último día de plazo, De la Rosa habló y denunció haber pagado 300 millones de dólares a través de diversas cuentas del Grupo Torras.En un desesperado intento por ralentizar la demanda de Londres que, de las tres grandes causas que tiene pendientes, es la que ha avanzado a mayor velocidad-, De la Rosa presionó al Gobierno español con entrevistas a través de su abogado, Juan José Folchi, con el ex director del Cesid, Emilio Alonso Manglano. Los contactos coincidían en el tiempo con los que Jesús Santaella, abogado de Mario Conde y de Juan Alberto Perote, mantenía con el titular de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch.

Tras abandonar la prisión de Can Brians de Barcelona, que depende de la Generalitat y en la que recibió un trato deferente, De la Rosa centró sus estratagemas judiciales en la pretensión de nulidad del proceso que defendía su abogado Juan Piqué Vidal. El entorno familiar de De la Rosa ha criticado varias veces la línea de defensa de Piqué Vidal. La pretensión sufrió un duro golpe con el fallo de la Audiencia de Barcelona que descartaba anular la causa, a pesar de enmendar algunos aspectos de la actuación del juez instructor del caso Grand Tibidabo, Joaquín Aguirre.

Atrás dejaba un agujero de 30.000 millones de pesetas y una compañía vacía de activos con 3.000 millones de deudas e Javier de la Rosa, que llegó a ejercer en la misma como presiente. Las investigaciones judiales descubrieron comisiones legales, compraventas que enriquecían al primer accionista.

De la Rosa y compras que pusieron en peligro la propia existencia de una empresa con más de 6.000 accionistas minoritarios. Poco antes del estallido de la crisis, De la Rosa fue conducido a abandonar el proyecto Tibigardens, ahora Port aventura, un asunto emblemático para el Gobierno de la Generalitat.

Desde que abandonó la prisión, De la Rosa ha comparecido cada 15 días ante el juez, le e retirado el pasaporte y sobre él pesan dos fianzas astronómicas. Le fueron impuestos 1.000 millones como fianza carcelaria, que el financiero depositó. Al mismo tiempo, el juez le decretó una- fianza por responsabilidad civil de 13.333 millones de pesetas.

El, único frente en el que De a Rosa tiene un horizonte tranquilo es en la Audiencia Nacional, donde el juez de delitos monetarios, Miguel Moreias, mantiene congelada una querella criminal en la que los propietarios de Torres-KIO piden el encarcelamiento de De la Rosa y reclaman más de 100.000 millones de pesetas. Se e imputaban los presuntos delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad n documento público y maquinación para alterar el precio e las cosas. La querella se presentó en los primeros días de 1993 y fue rechazada en cuatro ocasiones por el juez Moreiras.

Aquello le costó al titular de elitos monetarios acusaciones e "ignorancia iuris" por parte e los abogados de KIO. Al

¡sino tiempo, el magistrado compartía mesa en unas jornadas técnicas con el abogado de la Rosa, Piqué Vidal, el 7 de octubre de 1993 en Barcelona.

La instrucción de la querella e Grupo Torras-KIO comenzó con mil dilaciones que los abogados de KIO creían injusticables, y por ello presentaron una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

ecientemente, Torras-KIO presentó una nueva petición de expediente sancionador a Moreiras por "revelación de aspectos y opiniones del sumario que son de carácter secreto".