La fiscalía de Milán pide 8 años para Craxi y 2 para el 'número tres' de Fiat

El ex líder socialista italiano Bettino Craxi, con tres condenas por casi una decena de años de cárcel, volvió ayer al primer plano de la actualidad judicial al pedirle el fiscal milanés Paolo lelo ocho años de prisión por su presunta responsabilidad en la percepción de comisiones ilegales en la ampliación del metro de Milán. En el mismo proceso, Ielo pidió dos años de cárcel para Francesco Mattioli, número tres de Fiat.

La pena pedida para Craxi es la más elevada de las formuladas por el fiscal, en representación de todos sus colegas que integran el grupo anticorrupción responsable de la investigación Manos Limpias y en el contexto de este proceso que implica a dirigentes de todos los grandes partidos italianos de la anterior etapa, incluida la izquierda, y a grandes empresarios del ramo de la construcción, Mattioli está acusado en esta causa como dirigente que fue de una constructora de Fiat, antes de integrarse en la dirección central del grupo.Ielo dijo en su requisitoria que las responsabilidades de Craxi en el escándalo del metro milanés "son mucho más graves que las de los otros acusados", ya que el dirigente socialista fue "el concertador del sistema " para desviar el dinero.

La pena pedida es también la más grave que hasta el momento amenaza al ex líder, mientras avanzan los recursos contra las condenas por su participación en la quiebra del Banco Ambrosiano o por la percepción de la mayor comisión ilegal pagada por el difunto Raúl Gardini al disolverse la empresa mixta Enimont.

Craxi se declaró la semana pasada objeto de una persecución política, al conocer la condena a cuatro años de cárcel que le fue impuesta en el proceso Enimont. La reacción a la petición de ayer será, probablemente, más virulenta, debido también a que el domicilio de uno de los abogados del ex líder acaba de ser registrado en el transcurso de una operación antimafia desarrollada en Cosenza, ciudad de Calabria.

Redada antimafia

La operación, llamada a desarticular presuntas conexiones entre delincuencia organizada y política, desembocó en 15 notificaciones de diligencias previas contra políticos locales, uno de ellos el ex ministro socialista Giacomo Mancini, y contra dos conocidos diputados de Forza Italia, Vittorio Sgarbi y Tiziana Maiolo. Ambos, destacados por sus actitudes garantistas, han caído en el punto de mira de los fiscales como "colaboradores externos" de la Mafia, por sus críticas contra los jueces y por haber promovido medidas legislativas que supuestamente favorecen a la delincuencia.Berlusconi dijo anoche que estos dos diputados, que presiden, respectivamente, la Comisión de Cultura y la de Justicia de la Cámara, "son perseguidos sólo por sus ideas".

Por otra parte, el fiscal anticorrupción, Antonio di Pietro, desmintió ayer categóricamente que vaya a formar un partido político y pidió que cada una de las personas que están afirmándolo, tras supuestos contactos con él, hablen en nombre propio, "porque oigo a muchos que hablan en el mío. No tengo portavoz y, si tengo que decir algo, lo haré directamente", añadió.