El Partido Popular teme que socialistas y CiU terminen rechazando el suplicatorio de Barrionuevo

El Grupo Popular teme que el suplicatorio del ex ministro del Interior José Barrionuevo acabe siendo rechazado por el Congreso de los Diputados con el voto en contra del PSOE y de CiU. En semejante hipótesis, la Cámara "habría rechazado la investigación parlamentaria, con el pretexto de respetar la judicial, y luego habría abortado esta última; se pasaría de la inmunidad a la impunidad", declaró ayer Federico Trillo, portavoz de justicia del PP. Convergència i Unió, sin embargo, insiste en que votará a favor. Barrionuevo dispone de 10 días para presentar alegaciones. El suplicatorio se votará probablemente el día 23.

Las declaraciones a este periódico del presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado, el socialista Álvaro Cuesta, en las que manifiesta "serios motivos de duda, sobre la concesión del suplicatorio a Barrionuevo han hecho pensar al PP que se ha producido "un claro, cambio de posición" en las filas socialistas. Según Trillo, este cambio está "pilotado desde La Moncloa", y Felipe González "debería explicar las razones que le han dado los dos ex mininistros del Interior [José Barrionuevo y José Luis Corcuera], como para girar en redondo".De afirmar en Túnez que no le parecía normal dedicar fondos reservados a la compra de joyas, González ha pasado a propiciar un cierre de filas en torno a Corcuera, según el portavoz de Justicia de los populares. Sobre el suplicatorio de Barrionuevo, Trillo alega que los socialistas han pasado de decir que por fin el ex ministro podría declarar ante los jueces, tal como él deseaba, a "preparar una estrategia cuyo objetivo es rechazar el suplicatorio".

"El giro se produce, probablemente, después de que González haya hablado con los interesados", sugirió ayer Trillo, "y representa pasar de la inmunidad parlamentaria a la impunidad. Un rechazo del suplicatorio puede dejar en muy mal lugar al Congreso", agregó, "y desencadenar un conflicto constitucional muy grave y sin precedentes".

La comisión del Estatuto de los Diputados decidió ayer, en una reunión de aproximadamente media hora, dar traslado a Barrionuevo de la documentación que el Tribunal Supremo ha remitido a la Cámara pidiendo, la autorización para proceder contra él, por el caso GAL, "con todas las consecuencias legales". Barrionuevo dispone de 10 días hábiles -es decir, excluidos los festivos- para alegar lo que crea conveniente.

Según el presidente de la comisión, el socialista Álvaro Cuesta, ayer mismo se puso en marcha el mecanismo para notificarle la apertura del plazo. Si la notificación se hubiese producido ayer o bien si ocurre esta mañana, el ex ministro tendrá de plazo hasta el día 14 o el 15 para responder. En el escrito se le indica que formule sus alegaciones por escrito, ya que ésta es la costumbre de la comisión, aunque Barrionuevo está en su derecho de comparecer ante los siete miembros que la integran.

Además de Cuesta forman la comisión Luis Ramallo (PP), Ricardo Peralta (IU), Jordi Casas (CiU), José Joan González de Txábarri (PNV), Luis Mardones (Coalición Canaria) y José María Mur (Grupo Mixto).

Al concluir la primera reunión de la comisión, su presidente Cuesta subrayó que todos los miembros guardarán el secreto al que obliga el reglamento del Congreso, y explicó que inmediatamente después de que la comisión reciba las alegaciones volverá a mantener una reunión "con vocación de que sea definitiva", de forma que el pleno del Congreso pueda pronunciarse sobre el suplicatorio el día 23, tras las elecciones catalanas.

Jordi Casas, diputado de CiU, precisó que el secreto no impide que él pueda hacer valoraciones políticas en tomo al asunto, y reiteró que su grupo mantendrá la posición anunciada por Jordi Pujol en el sentido de que si Barrionuevo lleva un año pidiendo declarar ante los jueces, CiU "amparará su derecho" votando sí al suplicatorio. "Además, nuestro grupo no des ea entorpecer la acción de la justicia", añadió Casas.