Encarcelado el delincuente sorprendido en el juzgado que investiga el GAL navarro

Blas Gutiérrez Hernández, de 32 años, que fue sorprendido el pasado jueves cuando revolvía documentos en el despacho de uno de los magistrados que investiga la actuación de los GAL en Navarra, fue encarcelado por orden del juez de Pamplona Antonio Rubio. Sobre Gutiérrez, domiciliado en San Fernando de Henares (Madrid) y con antecedentes por robo con fuerza, pesaba una orden de busca y captura. Ha declarado que se introdujo en el juzgado para resguardarse del frío.Gutiérrez afirma que se metió en el despacho del juez Joaquín Galve por casualidad. Pero sabía que la vigilancia nocturna del juzgado acababa a las siete de la mañana y 20 minutos después entró por una ventana que alguien había dejado abierta.

El extraño caso protagonizado por este drogadicto, en cuyo historial consta más de una docena de detenciones en Almería, Linares (Jaén),Madrid y Coslada (Madrid), es el último de una serie de hechos que han enturbiado el trabajo de los jueces Galve y Juan Manuel Fernández, titulares de los juzgados de Instrucción 3 y 1, respectivamente. Ambos impulsan la investigación sobre el caso Roldán y la trama navarra de los GAL.

Obstáculos a la investigación

El trabajo de Galve y Fernández, gracias al cual se están reabriendo otras causas en Francia, está siendo obstaculizado mediante pinchazos telefónicos, violación de la correspondencia enviada desde Madrid por la juez Ana Ferrer (instructora del caso Roldán) y ahora por intentos de robo del material que afecta a la actividad del GAL en Navarra.Las actividades de esta rama de los GAL se desarrollaron fundamentalmente entre los años 1984 y 1985. Sin embargo, la madeja ha comenzado a desenredarse recientemente. El 10 de octubre pasado, Manuela Arza, copropietaria de uno de los más prestigiosos restaurantes pamploneses, acudió al.juzgado número 1 de Pamplona, en donde señaló al ex inspector jefe Leoncio Castro como el hombre que presuntamente le hirió de un disparo el 9 de diciembre de 1984.

Castro está empleado actualmente en la empresa de Tenerife Sevite, SA, adjudicataria de la seguridad de las obras del embalse de Itoiz. En 1984, Castro era jefe de un grupo de la brigada de Información de Pamplona.

Fernández citó al ex policía y éste, tras negar su implicación, quedó libre. La acusación particular de Manuela Arza ha solicitado cotejar el casquillo encontrado tras su atentado con los hallados en una de las acciones cometidas por los GAL el 1 de agosto de 1985 en Ascarat (País Vasco francés), donde murió el presunto etarra Juan Mari Otegi, Txato.

La acusación particular desea saber si alguna de las pistolas ametralladoras Schmeisser MP40, cuyas licencias se expidieron en diciembre de 1985 en la comisaría de Pamplona, pudo disparar las balas que mataron al pastor Christophe Matxikote y a la estudiante Catherine Brion, el 17 de febrero de 1986, atribuido al GAL navarro. Un lote de esas pistolas, procedente de un cuartel de Burgos, fue adquirido por policías de la jefatura de Navarra poco antes del atentado.