El Poder Judicial investiga por qué cuatro años no bastaron para juzgar al 'comando Matalaz'

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió ayer abrir una investigación determinar las causas por las que se produjeron las dilaciones en la tramitación de la causa contra el comando Matalaz de ETA, que provocaron su excarcelación al cumplirse el plazo máximo de cuatro años de prisión, lo que propició la fuga de tres de sus cuatro componentes. El Consejo ha encontrado en la causa "tiempos de inactividad" que retrasaron la conclusión de la causa, por lo que ha abierto diligencias por si de las mismas pudieran derivarse responsabilidades disciplinarias.

El caso Matalaz se inició el 6 de junio de 1991 y fue instruido inicialmente por Baltasar Garzón durante un año y tres meses, hasta su marcha como diputado del PSOE. En los siguientes 10 meses pasó por las manos de tres sustitutos de Garzón. El periodo total de instrucción fue de dos años y medio. El año y medio restante la causa estuvo en la Sección Segunda de lo Penal, encargada de juzgar. En ese tiempo, el sumario fue reabierto dos veces a petición del fiscal para incorporar diligencias. Los presuntos etarras fueron puestos en libertad el 9 de junio y se fugaron el 17 de julio.Fuentes de la Audiencia Nacional consultadas por este periódico apuntaron en distintas direcciones al establecer las causas del retraso, pero hay dos tiempos muertos significativos: los seis meses que el abogado del comando, Kepa Landa, dilató la presentación de sus conclusiones, para lo que tenía un plazo de cinco días, y los cuatro meses que la secretaría de gobierno de la Audiencia tardó en hacer las fotocopias del sumario solicitadas por el letrado.

La causa, según el fiscal, Jesús Santos, "no puede decirse que entrañe complejidad o que tenga lan número de folios excesivo". El comando fue interceptado cuando ponía una bomba bajo el coche de un agente, a lo que siguió un tiroteo con las fuerzas de seguridad. Era un delito de pertenencia a ETA, dos de atentado y tenencia de armas y explosivos. Una causa de puro trámite para la Audiencia Nacional.

Según fuentes del tribunal, la instrucción, de 31 meses, por esos delitos se prolongó excesivamente, debido a las sustituciones del instructor y a las dos revocaciones del sumario. Su cierre fue revocado por primera, vez a petición del fiscal para incorporar un informe sobre los explosivos intervenidos al comando y la tasación de daños del tiroteo, además de otros testimonios. Esta primera revocación coincidió con la marcha de Garzón a la política, durante un año.

El sumario estuvo reabierto 10 meses, de abril de 1993 a febrero de 1994. Los cinco primeros meses lo tuvieron los jueces Carlos Bueren e Ismael Moreno. Los siguientes cinco meses lo tuvo Manuel García-Castellón, sustituto de Garzón desde octubre de 1993.

Posteriormente, en mayo de 1994, el sumario volvió a ser abierto a petición del fiscal, a raíz de la detención del dirigente etarra Felipe San Epifanio, Pipe. Algunas fuentes sugieren que esta nueva reapertura podía haberse evitado y que "no sirvió para nada". Cosa que el fiscal niega tajantemente porque, en el momento de su detención, San Epifanio era un dirigente etarra y fue procesado por su relación con el comando Matalaz, aunque luego las actuaciones contra él se siguieron en otro sumario en el que se incluían muchos más hechos delictivos. Sin embargo, un recurso de San Epifanio contra su procesamiento demoró la. causa otros seis meses.

'Exculpación' de Garzón

La instrucción fue concluida definitivamente por Garzón, ya de vuelta en la Audiencia Nacional, el 22 de septiembre de 1994. Garzón tuvo el sumario un año, 8 meses y 21 días, pero su actividad fue inspeccionada y quedó exculpado.La causa se entregó al defensor, Kepa Landa, el 22 de diciembre de 1994 para que calificara en cinco días. Se le requirió el 7 de febrero de 1995 para que entregase el escrito. El 13 de febrero, la defensa pidió fotocopias de toda la causa. Se le entregaron el 1 de junio, es decir, cuatro meses después, junto a un nuevo. requerimiento para calificar. La defensa entregó su escrito el 8 de junio y al día siguiente el tribunal decretó la libertad por haber transcurrido los cuatro años de prisión.

Sobre la dilación de cuatro meses para fotocopiar una causa "que no tiene un número de folios excesivo", fuentes del tribunal dijeron que, como Garzón tiene la norma de no facilitar fotocopias, es el tribunal el que debe encargarlas y se produce un atasco en la secretaría de gobierno de la Audiencia. A su vez, fuentes del juzgado indicaron que la Sala de Gobierno ha respaldado la decisión de Garzón de no entregar fotocopias a los abogados, y que éstos pueden consultar los sumarios en el juzgado cualquier día de nueve a nueve.

Para el fiscal, la dilación es imputable exclusivamente a la defensa de los procesados, por más que el tribunal podía no haber computado el plazo de dilación achacable a la defensa, tal como hizo en mayo cuando juzgó, en circunstancias similares, a los miembros del comando Gohierri-Costa.

Fuentes de la Sección Segunda aseguran que la decisión de excarcelar al comando se adoptó como valoración jurisdiccional de la sala, a la vista de que no podía mantenérseles por más tiempo en prisión. Según estas fuentes, el tribunal acordó "todas las medidas cautelares posibles", entre ellas la presentación diaria de los etarras a la policía y el aviso a fronteras. Pero estas medidas "no han podido evitar que a la policía se le hayan escapado", indicó uno de los magistrados.

El fiscal solicitaba penas de 74 años para Jon Mirena San Pedro Blanco, 54 años para Raúl Ángel Fuentes Villota y 46 años para Asier Quintana Zorrozua, los tres excarcelados huidos. Un cuarto integrante excarcelado, Laurenz de la Llama Vega, se presentó y ha sido juzgado y condenado a siete años, que ya tiene virtualmente cumplidos. El fiscal ha pedido su ingreso en prisión para que termine la condena. Ahora teme que los otros tres se reintegren en un grupo de reserva de ETA.