La asociación mayoritaria de magistrados asegura que el Poder Judicial esta sometido al Ejecutivo.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, inicia hoy su XI Congreso bajo el signo de la defensa judicial, mediante las cuatro ponencias presentadas, en especial la elaborada en Madrid sobre "el derrumbamiento del poder judicial". Entre las conclusiones que se proponen figura una dura crítica al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por su "control político" y "absoluto sometimiento al EJecutivo". Asimismo, se propone rechazar "las permanentes decalificaciones e insultos a los jueces como medio de coacción".Más de 100 congresistas, en representación de los 900 jueces y magistrados de la APM, tendrán que pronunciarse, en las sesiones que comienzan hoy y concluirán el sábado, sobre un alud de críticas a la situación judicial presente, que figuran en las ponencias sometidas a debate. En respuesta a quienes preguntan cómo son responsables los jueces, la APM asegura que el sistema español es "uno de los más exigentes", lo cual "conlleva", según dicha ponencia, "un grave peligro: el que las acciones contra los jueces se utilicen para menoscabar su independencia".

Entre las "medidas limitadoras del poder judicial", señala la utilización del servicio de inspección del CGPJ "con fines eminentemente represivos", la futura supresión del antejuicio [trámite previo a la admisión de querellas contra jueces] como "camino fácil para apartar al juez molesto del conocimiento de un asunto" y la reforma de la prisión provisional, "que queda prácticamente en manos del fiscal, un órgano que no goza de la suficiente independencia para ello".

Una de las conclusiones propuestas defiende la "independencia colectiva e institucional" de los jueces, "gravemente afectadas", entre otras causas, "por el absoluto sometimiento al Ejecutivo que se manifiesta en el control político del CGPJ ( ... ) y la total dependencia del Gobierno en la atribución de medios materiales y personales".

La APM de Madrid arremete contra "las permanentes descalificaciones e insultos que vienen sufriendo los jueces", asegura, "especialmente cuando determinados sumarios afectan al poder político". Detalla que tales descalificaciones "tienen un doble objetivo: por un lado sirven de medio de presión contra el juez molesto que no se pliega a los dictados políticos y, por otro, desvían la atención de la opinión pública en algunos escándalos, cuestionando la legitimidad de los jueces".

Insatisfacción femenina

Acusa de "complacencia" y "complicidad" a "la mayoría que controla el CGPJ" frente a afirmaciones como que "determinados jueces son salteadores de caminos, que son incapaces de satisfacer a la mujer, que sus decisiones tienen intenciones electorales, que actúan como los terroristas, que forman parte de una conspiración contra la democracia o que actuan por venganza". Reprocha que "también se ha investigado su vida privada, incluso en un reciente artículo pseudo periodístico, que provocaba vergüenza ajena, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que actualmente conoce del caso GAL y la implicación de aforados, casualmente era tachado de franquista y cacique extremeño" [alude a un perfil de EL PAÍS sobre Fernando Cotta].Otra de las ponencias, elaborada por el presidente de la APM, Ramón Rodríguez Arribas, aborda las "soluciones jurídicas frente a la corrupción". Tras describir 13 asuntos de corrupción, desde el caso Juan Guerra al caso Sóller, analiza, entre otras causas del fenómeno, "la degeneración moral de la sociedad", la exacerbación del partidismo político", "el extremismo democrático y el fundamentalismo representativo", "el urbanismo rígido" y 1a fiscalidad abrasiva". Como fórmulas jurídicas para impedir "o al menos limitar los hechos de la corrupción", el presidente de la APM propone "el rearme moral", "la transparencia y realismo en la financiación de los partidos políticos", "el fortalecimiento de los mecanismos de control del gasto público" y 1a limitación y racionalización tributaria".