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El presidente del tribunal que condenó a Hormaechea discrepa del indulto

El presidente del tribunal que condenó a Juan Hormaechea a seis años de cárcel por malversación de caudales públicos, Claudio Movilla, no está de acuerdo con el indulto total que el Consejo de Ministros ha concedido al ex presidente de Cantabria. La medida le parece "preocupante" porque "introduce factores de desigualdad y Oiscriminación". Hormaechea, condenado hace un año, no llegará a pisar prisión alguna.En declaraciones a Europa Press, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria indicó que no le parece "adecuado" este indulto "teniendo en cuenta el tipo de delito cometido por Hormaechea, que es la apropiación de caudales públicos para interés particular".

Según Movilla, el Consejo de Ministros debió atender la petición del TSJC, que en su sentencia condenatoria, dictada el 24 de octubre de 1994, solicitaba la conmutación de la pena de seis años y un día de prisión mayor por la de un año de prisión menor. El indulto total, añadió, "supone una quiebra del Estado de derecho".

El PP no ha querido pronunciarse sobre este indulto; los socialistas han remitido a los jueces cualquier valoración, e Izquierda Unida ha puesto el grito en el cielo. Según la coalición que lidera Julio Anguita, el Consejo de Ministros "amnistía una forma de gobernar corrupta y debilita la lucha por la dignificación política de Cantabria. El Ejecutivo socialista da una vuelta de tuerca más con una concesión de indulto a un personaje que representa lo peor de la reciente historia política de Cantabria".

Medida ejemplarizante

Para los regionalistas, el Gobierno tenía que haber atendido las sugerencias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. "Hubiera sido una medida ejemplarizante que no hubiese dejado en entredicho la vara de medir del Gobierno a la hora de conceder indultos dependiendo de quién sea la persona juzgada".El partido de Hormaechea, la Upca, todavía confía en que el Constitucional le dé la razón en su recurso de amparo por presunta vulneración de derechos fundamentales en el sumario y en el juicio oral.

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