El Cesid abogó por recluir a los etarras en Fuerteventura

El Cesid propuso, el 4 de noviembre de 1983, completar la presión sobre los reclusos de ETA "con el anuncio de la construcción de una nueva prisión de alta seguridad en la isla de Fuerteventura" (Canarias).Un informe del servicio secreto, sobre las medidas antiterroristas aprobadas por el Gobierno tras el asesinato del capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios, en octubre de aquel año, defendía "la agrupación de los penados por acciones terroristas en un solo establecimiento penitenciario y la permanencia en el mismo dé las Fuerzas de Orden Público", loque se hizo en Herrera de la Mancha (Ciudad Real).

"En caso de necesidad de incrementar la presión", el Cesid proponía trasladar, a los presos etarras a Fuerteventura. Esta última idea, sin embargo, no sólo no se llevó a cabo, sino que el Gobierno acabó combrendiendo que la concentración de los presos de ETA era contraproducente y optó por dispersarlos por distintas cárceles.

Aunque el informe del Cesid data de la época en que empezó la guerra sucia (en octubre de 1983 desaparecieron Lasa y Zabala), no contiene ninguna alusión al empleo de métodos ilegales en la lucha contra ETA.

Al contrario, advierte de la conveniencia de impartir instrucciones a las Fuerzas de Seguridad del Estado "instándoles a un escrupuloso cumplimiento de las disposiciones legales, así como a restringir al máximo el uso de armas de fuego ante el riesgo de "despertar simpatías hacia las organizaciones terroristas por un uso inadecuado o desproporcionado" de las medidas prevista.

Eso sí, el Cesid abogaba por apurar al máximo el marco legal vigente. Por ejemplo, subrayaba "la presión que supondría la presentación de querellas por los fiscales" contra quienes hacen apología del terrorismo, cuyo procesamiento "produciría excelentes resultados", aun cuando el Cesid era consciente de la dificultad de obtener sentencias condenatorias, ya que el correspondiente tipo legal, "ha sido interpretado muy restrictivamente por el Tribunal Supremo" y su modificación "sería contestada como contraria a la libertad de expresión".

Más "positiva" le parecía la reforma de las leyes de Asociaciones y Electoral, si no con el objetivo de ilegalizar a algún partido, sí para "obstaculizar las actuaciones de grupos de apoyo a las bandas armadas", como las gestoras o las asociaciones de familiares de presos.