El tribunal de Tous absuelve a los acusados, pero reconoce la "precaria vigilancia" de la presa

"Las precarias condiciones de vigilancia de la presa de Tous (Valencia), reconocidas por el tribunal, no han impedido una sentencia absolutoria para los tres ingenieros procesados. Los magistrados mantienen que las características de la presa, que se desmoronó en 1982, eran las "adecuadas" las condiciones "climatológicas e hidrológicas" de la zona, pero su vigilancia era deficiente. La sentencia fue notificada oficialmente ayer. Dos magistrados avalan la absolución, mientras el presidente, Juan Luis de la Rúa, aprecia una falta de imprudenca en uno de los ingenieros.

"Es un día triste para los damnificados y para la democracia", afirmó Xavier Sierra, portavoz de los afectados por la inundaciones de 1982. Salvador Madrigal, uno de los ingenieros absueltos, atribuyó la rotura de la presa a "causas naturales", aunque reconoció que pudieron cometerse "algunos fallos". Varios partidos se mostraron dispuestos a estudiar soluciones políticas para indemnizar a los afectados.La sentencia absolutoria, como ya adelantó EL PAÍS, reflexiona sobre los requisitos necesarios para apreciar un delito de imprudencia. Los magistrados Mercedes Boronat y José Manuel Megía estiman probado que la presa no hubiera caído de haberse abierto las compuertas. Pero añaden: "La apertura de las compuertas en el momento al que se refieren los hechos de la acusación era una simple posibilidad probabilística, inferior incluso a la que niega su posible funcionamiento, lo que, en modo alguno, puede fundamentar una sentencia condenatoria".

La vía contencioso-administrativa por el mal funcionamiento de un servicio público (la presa era propiedad del Estado) queda abierta al reconocer la sentencia numerosas anomalías: "En la convicción de este tribunal está el hecho constatado de que la presa de Tous estaba en precarias condiciones de vigilancia: no existía un sistema eficaz de alarma aguas arriba, ni medios de comunicación como la radio; fuera del horario laboral y en horas nocturnas no se había establecido procedimiento alguno para hacer frente a una situación, que era imprevisible, pero cuyas consecuencias podían haberse disminuido".

El presidente del tribunal, Juan Luis de la Rúa emitió un voto particular donde aprecia una falta de imprudencia de Jesús González Marín, ingeniero a pie de presa. De la Rúa no reflexiona sobre la posible prescripción de esa falta y añade una interpretación jurídica novedosa: en su opinión, aún dictándose una sentencia penal absolutoria podía haberse declarado la responsabilidad civil del Estado sin necesidad de acudir a la vía contencioso-administrativa. Fundamenta esa opinión en el principio de "economía procesal". De esta forma, una vez apreciado en un proceso penal el mal funcionamiento de un servicio público, aunque existe absolución, los jueces pueden decretar la responsabilidad civil sin remitir a los afectados a iniciar otra vía.

De la Rúa declinó hacer declaraciones e intentó salir del Palacio de Justicia despistando a los informadores. Con el periódico que portaba golpeó la cámara del fotógrafo de EL PAÍS que tomaba imágenes de su salida precipitada.