Manglano no informó al Gobierno hasta este año de que Perote robó documentos del Cesid en 1991
El panorama que se dibujó ayer, tras cinco horas de comparecencia del ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, ante los seis diputados de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso es macabro. El coronel Juan Alberto Perote, ex número dos del Cesid, robó antes de irse al menos 1.245 documentos. El Gobierno sospecha que se llevó más, pero ignora cuántos y sobre qué materias. Según varios de los miembros de la comisión, el entonces director del Cesid, teniente general Emilio Alonso Manglano, estuvo cuatro años, desde 1991 hasta este año, sin informar al Ejecutivo de que documentos extraordinariamente comprometedores para la seguridad nacional habían sido robados por su segundo de a bordo, el coronel Perote. Aunque ya suena a broma, el Gobierno volvió a enterarse por la prensa de lo sucedido en los servicios secretos.
Rodrigo Rato (PP) dijo que, según el Gobierno, "sólo en 1995 le llamó la atención" lo que ocurría por las informaciones publicadas. Luis Mardones (Coalición Canaria) respondió a una pregunta sobre si Manglano había guardado silencio: "Ésa es la impresión que he sacado". Cuando a Joaquín Almunia (PSOE) se le preguntó si Manglano había "traicionado" la confianza del Gobierno al silenciar la sustracción de documentos, adoptó un tono grave y dijo: "No me obligue a entrar en más detalles". Precisamente el general Manglano fue nombrado asesor del ministro tras su dimisión como consecuencia directa del escándalo de las escuchas ilegales del Cesid.Suárez Pertierra acudió al Congreso dispuesto a demostrar a los comisionados que la información que ha volado del Cesid es extraordinariamente delicada y afecta a la seguridad del Estado, no a la del Gobierno. La credibilidad que obtuvo por parte de los diputados es relativa. Todos admitieron, con excepción de Rosa Aguilar (IU), que la documentación es, en algunos casos, trascendental, pero introdujeron sus matices.
Rodrigo Rato hizo ante los periodistas un sutil discurso político con una dicotomía: "Si creemos lo que dice el Gobierno, el nivel de ineficacia es el mayor jamás soñado. Si no lo creemos hay que partir de cero". Era una manera clara de admitir la trascendencia ocurrido, ya que, según sus palabras, "la ineficacia no tiene parangón en ningún país occidental". El diputado popular insistió en explicar que es muy difícil aceptar el relato del Gobierno porque "se sale de la lógica" y suena a "estrategia política y de comunicación".
Rosa Aguilar fue la única que restó importancia al contenido de los documentos que les había mostrado el ministro, descalificó la comparecencia y aseguró que "el Gobierno ha podido ser chantajeado, pero no ha habido ninguna conspiración contra el Estado". Además, en su opinión, Suárez, Pertierra "ha silenciado y ha callado aspectos fundamentales" y "no ha aclarado absolutamente nada sobre el tema GAL".
Joaquim Molins (CiU) fue explícito al anunciar que el Gobierno teme no solo por los documentos, que se ha llevado Perote, sino por los que cree que puede seguir teniendo" sin que se sepa su contenido. Como todos los demás portavoces, habló de "enormes errores del Cesid y del propio Gobierno", hasta el punto de que algunas explicaciones dadas por el Ejecutivo "pueden resultar increíbles". Molins repitió un par de veces que "entre métodos que se ven en las películas policiales y mandar a Perote como jefe de seguridad de Repsol había muchas posibilidades intermedias".
Iñaki Anasagasti (PNV) abundó en la idea del silencio de Manglano, sin citarlo, pero diciendo que "la estructura del Cesid no ha sensibilizado al Gobierno". También confirmó la sospecha de, que Perote "tiene más información que el Gobierno ni siquiera sabe en qué consiste".
Luis Mardones (Coalición Canaria) dijo sentirse impresionado y preocupado por las tres responsabilidades que a su juicio han concurrido: la "traición o felonía" de Perote, la ineficacia del Cesid y la del Gobierno, "con su presidente a la cabeza", Para el diputado canario, muchas de las fichas son mediocres y carecen de trascendencia, pero algunas son, según dijo, "tremendamente sensibles" para terceros países.
El portavoz socialista, Joaquín Almunia, se sintió satisfecho con la reunión y convencido de que el contenido de los documentos "justifica los esfuerzos por parte del Gobierno" para tratar de recuperarlos.
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