"LIegué a creer que era culpable"

La hojarasca amarillenta del sumario de Tous aparece salpicada de embargos y angustia. De visitas al fondo del abismo: "Un día llegué a creer que era culpable". De tratamientos psicológicos. De pérdida de oportunidades laborales. Y de rabia. La presa de Tous (Valencia) se desmoronó como un castillo de naipes hace 13 años. Sólo ahora un tribunal ha ' absuelto a tres ingenieros acostumbrados a escuchar insultos durante todo ese tiempo con sóla aproximarse a la barra de un bar para tomar un café. Jesús González Marín (dos. absoluciones en su casillero), Salvador Madrigal (otras dos) y Juan Sancho-Tello (una condena y una exculpación) aún deben esperar la peregrinación del sumario por los despachos del Tribunal Supremo. Claro que tampoco en el otro bando, el de los damnificados, las cosas han ido mejor: 4.000 perjudicados por las graves inundaciones de la comarca valenciana de La Ribera siguen esperando una reparación a su tragedia.El buceo por los folios del proceso más kafkiano de la historia judicial española todavía puede sorprender: "Requiérase a dicho procesado a que preste una fianza ( ... ) por la cantidad de 50.000 millones de pesetas. Si no lo verifica al día siguiente de ser requerido, procédase al embargo de bienes de su propiedad para cubrir dicha suma o acredítese su insolvencia". A partir de ahí, los vaivenes de los tipos de interés ya no son importantes en la vida de "dicho procesado". Con la vivienda, el chalé y el automóvil embargados, los bancos exigen avales de terceros. Vivir al contado es la única solución.

Los 50.000 millones (el presupuesto del Ayuntamiento de Valencia para 1995 es de 61.500) son fruto de una rebaja. Inicialmente, el juez instructor del caso Tous, Gustavo Solaz, habló de 200.000, una cantidad apenas al alcance de las tres mayores fortunas españolas según la revista Forbes: Botín, Koplowitz,y Márch.

Salvador Madrigal, el autor del proyecto de la presa de Tous, vive en la misma casa, embargada, de siempre. Sus, superiores en la Confederación Hidrográfica del Tajo, con sede en Madrid, jamás le retiraron la confianza y, así, este funcionario ha podido participar en proyectos de nuevos embalses. Es el único de los ingenieros procesados que permaneció detenido durante 24 horas. Para salir en libertad depositó una fianza de 10 millones de los de entonces, los de principios del decenio de los 80. Ese dinero aún reposa- en las arcas de la Justicia.

Jesús González Marín ganaba 82.000 pesetas mensuales en 1982 por su trabajo de control a pie fe pantano. Es el único procesado no funcionario, aunque siempre ha trabajado para la Administración como personal laboral fijo. Después de la tragedia (ocho muertos aguas abajo de la presa y decenas de miles de millones de pesetas en daños materiales) quedó transferido a la Generalitat valenciana, a petición propia, y permanece en ella en el servicio de Recursos Hidráulicos. Fueron 82.000 pesetas al mes para una fianza de 50.000 millones: la caución para asegurar las posibles responsabilidades civiles. Otras 500.000 pesetas de fianza para quedar en libertad provisional le fueron facilitadas por el Colegio de Ingenieros. También ese dinero reposa en cuentas judiciales.

González Marín habló con alguna empresa sobre un posible fichaje. La incertidumbre judicial le impidió dar el salto al ámbito privado. Continúa viviendo de su salarlo, del nivel de un técnico medio, en la Administración autonómica valenciana.

Juan Sancho-Tello no vio alterada su vida laboral porque su procesamiento (muy posterior al de sus compañeros de banquillo) coincidió con su jubilación. A sus 77 años, hace tiempo que dejó de encargarse del comisariado de aguas del río, Júcar. A Sancho-Tello se le acusaba de no haber transmitido a la presa un parte meteorológico que anunciaba lluvias torrenciales en la cuenca del Mediterráneo.

González Marín vivía de alquiler en octubre de 1982, cuando se desmoronó la presa. A sus 50 años, continúa sin tener una vivienda a su nombre. Al igual que Sancho-Tello, vive en Valencia, la ciudad en la que se han celebrado hasta cuatro juicios de Tous. El primero y el tercero apenas duraron unas semanas. No ocurrió lo mismo con el segundo (un año justo de vista oral, entre febrero de 1989 y febrero de 1990) y con el cuarto (los siete primeros meses de este año sentado en un incómodo banquillo).

El caso de Madrigal es muy distinto. Durante meses ha vi do en hoteles, con continuos desplazamientos a Valencia y el consiguiente medio abandono de actividad profesional normal. Ésta ha sido, su vida desde ha años.

Otros dos ingenieros, Román Guerrero y Florentino Santos también residentes en Madrid ocuparon el banquillo en los de primeros juicios. Guerrero resultó condenado y Santos absuelto. El Supremo anuló después el segundo juicio y, además, el procesamiento de ambos.

Una profunda depresión

Los peores momentos de las das de todos ellos han sido las entradas a la primera sesión de cada uno de los juicios. Dos, que prefieren no ver reflejados sus nombres en este párrafo, necesitaron asistencia psicológica. La tensión ambiental y la campa de prensa" les sumió en una profunda depresión. "Un día me levanté creyéndome culpable", resumió uno de estos ingenieros. "Creí que todo había ocurrido por mi culpa", añadió.Ninguno pensó seriamente la posibilidad de ingresar en prisión a pesar de las elevadas penas solicitadas por algunas de las partes acusadoras (seis años privación de libertad por un delito de imprudencia temeraria con resultado de ocho muertes cuantiosos daños materiales que representaban los intereses de los afectados.

Todos contaron con el apoyo de sus familias (las esposas acudieron con frecuencia a las sesiones de los juicios) y con el respaldo de sus empresas y sus colegios profesionales. Los honorarios de los abogados y otros gastos (hoteles, viajes, fianzas ... ) han sido sufragados por estos últimos. También han contado gratuitamente con peritos.

Más complicado es este espinoso asunto visto desde la parte contraria, pues los damnificados han debido pagar de sus bolsillos parte de los costosísimos peritajes de expertos internacionales. Ayuntamientos de la comarca La Ribera han colaborado con sus asociaciones. Algunos de ellos insinuaron a la Generalitat que González Marín no era técnico autonómico adecuado para determinados proyectos hidráulicos en sus términos municipales.

Cualquier ciudadano involucrado en un macroproceso, cualquiera de los bandos opuestos, se enfrenta a un calvario adivinado hace siglos por la sabiduría popular: "Tengas pleitos y lo ganes" .