Los damnificados denuncian al fiscal la filtración de la sentencia de Tous

Cerca de un centenar de damnificados por la rotura, en octubre 1982, de la presa de Tous llevaron ayer a las puertas de la Audiencia de Valencia su indignación por la sentencia que absuelve a los tres ingenieros procesados. Los afectados acompañaron a los dirigentes de sus asociaciones, que presentaron ante la fiscalía una denuncia porque la sentencia haya sido divulgada en la prensa antes de su notificación oficial.

Los afectados dieron ayer rienda suelta a la frustración acumulada durante los últimos 13 años. "Queremos cobrar", "la Justicia está comprada", "esto es una burla", corearon durante cerca de dos horas. Los damnificados no pudieron pasar al interior de la Audiencia, cuya entrada estuvo protegida por un cordón policial, y permanecieron apiñados en la acera. El ambiente era de gran crispación y, como en manifestaciones anteriores, hubo lágrimas de desesperación y rabia entre los afectados. A las acusaciones a jueces y políticos se unieron algunas llamadas a la violencia. "¡Hay que hacer como los de astilleros!", gritó uno de los damnificados, que leyó a los asistentes la denuncia presentada en la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia valenciano.Xavier Sierra, presidente de Afiva, la asociación mayoritaria de damnificados, advirtió que "el ambiente en la comarca de la Ribera es explosivo". "Se ha acabado el momento de las palabras, ahora llega el de las acciones", anunció Sierra, que pidió de nuevo "una solución política a un juicio político y una sentencia política".

Sierra, que se entrevistó junto a José Alapont, presidente de Apemeda y varios alcaldes de la Ribera, con el teniente fiscal, Miguel Miravet, declaró que "la filtración" de la sentencia a este periódico "podría constituir un delito". Asimismo, explicó que debía investigarse "la actuación de la delegada del Gobierno".

Los damnificados denunciaron una entrevista del abogado del Estado con el tribunal el pasado viernes. Pese a que ese día la sentencia ya estaba redactada, según le consta a este diario, los afectados interpretan que pudo existir entonces algún tipo de presión sobre los magistrados. "Desconocemos el contenido de esa reunión, pero es evidente que el martes nos levantamos con una sentencia absolutoria y todo eso hay que investigarlo", dijo Sierra.

La delegada del Gobierno desmintió anteayer expresamente que tuviera algún temor sobre el fallo y aseguró en un comunicado que el abogado del Estado acudió al tribunal con el único fin de "obtener la información que como parte procesal le corresponde sobre la fecha de su publicación".

La denuncia la firmaron, además de los dirigentes de las asociaciones, los alcaldes de Alzira, Carcaixent y Alberic, y el secretario general de Unitat del Poble Valencià, Pere Mayor. La sentencia, que remite a los afectados a la vía contencioso-administrativa, no se notificará probablemente hasta la semana próxima.

Mientras, el PSPV-PSOE de la comarca de La Ribera ha pedido a la Delegación del Gobierno que intervenga para encontrar una solución para los 4.000 afectados que no se acogieron al decreto de ayudas de 1993, informa Xavier Espanya.