Bueren propone que sólo se incauten los bienes de los grandes narcotraficantes

ÓSCAR GONZÁLEZ, La legislación debe completarse para que pueda ser más efectiva la incautación de los bienes procedentes del tráfico de drogas, según una de las conclusiones del I Congreso Nacional sobre Legislación Antinarcotráfico celebrado este fin de semana en Vilagarcía. Los nuevos instrumentos de orden penal y procesal permitirían investigar con mayor intensidad y eficacia el entramado económico del narcotráfico, facilitando la incautación de los bienes que tengan ese origen. El juez Carlos Bueren matizó, no obstante, que sólo deberían embargarse a los grandes cantes, y no a los simples camellos.

Las conclusiones del encuentro celebrado este fin de semana en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) van a ser remitidas para su estudio a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y del Senado y a la Comisión Mixta Congreso-Senado. Según ellas, se hace igualmente imprescindible caminar hacia la armonización legislativa de los Estados miembros de la UE debido a la dimensión internacional del narcotráfico.Carlos Bueren, magistrado de la Audiencia Nacional, matizó su propuesta sobre la necesidad de introducir en las leyes la denominada inversión fiscal de la carga de la prueba, consistente en que los condenados por tráfico de drogas tengan que justificar su patrimonio. Este instrumento sólo se refiere, según él, a aquellos bienes que el procesado tenga a nombre de terceras personas o sociedades instrumentales, ya que los de su titularidad se pueden decomisar.

Considera Bueren que existen algunos supuestos en los que la aplicación de este mecanismo sería injusta. Por ejemplo, en los procesos a pequeños narcotraficantes o a camellos, en los que es difícil probar que sus patrimonios proceden de actividades ilícitas, ya que muchas veces sólo trafican para garantizar su propio consumo.

Sin proceso inquisitorial

Bueren cree que hay que medir las consecuencias de la inversión fiscal de la carga de la prueba porque "no puede ser que fuera del campo del proceso penal se haga un proceso inquisitorial" que afecte a "todo el patrimonio de toda persona juzgada, incluso por un delito mínimo". En el mismo sentido se pronunció el fiscal especial antidroga, Javier Zaragoza, para quien se hace preciso arbitrar nuevos instrumentos jurídicos que permitan investigar los patrimonios de los narcos con mayor agilidad, aunque desde el respeto a la presunción de inocencia. En la actualidad, dijo, hay que hacer "verdaderos malabarismos y encajes de bolillos" para desenmarañarlos.

El procedimiento no sería, según Zaragoza, el Código Penal, "sino que el Ministerio de Justicia trabajase con detenimiento en esta materia y, en su caso, se plasmara en una ley que modificara la de Enjuiciamiento Criminal o el Código".

Tanto el magistrado como el fiscal coincidieron en la necesidad de disponer de instrumentos paralelos, como un juicio rápido, y después, con tranquilidad, de una "pieza de responsabilidad civil" para "deshacer los caminos del dinero" y poder probar que las transmisiones entre los narcos y sus testaferros son ilícitas.