La pugna por controlar el consorcio de los realojamientos se resuelve con dos gerentes

VIENE DE LA PÁGINA 1Cortés y Herráez aseguraron que este cargo con dos cabezas no es una idea de última hora para salvar la situación creada después de una semana de discusiones públicas, sino que llevaban pensando en ella desde hace tiempo. Descartaron así que se tratase de una decisión de urgencia ante la falta de acuerdo que se ha puesto de manifiesto en los últimos días. El pasado miércoles, el consejero acudió a hacer valer su candidato ante la delegada del Gobierno, Pilar Lledó, hecho que el Ayuntamiento interpretó como "una política de hechos consumados" por parte de la Comunidad para imponer su propuesta.

La explicación de por qué el doble nombramiento no va a suponer un doble gasto al erario público la ofreció el concejal de la Vivienda, Sigfrido Herráez (miembro del consejo de administración del consorcio desde la anterior legislatura). "Los dos nuevos gerentes son funcionarios municipales -uno en la EMV y el otro en el área de Servicios Sociales y Comunitarios-, abandonan sus cargos actuales y pasan a desempeñar su nueva ocupación", explicó Herráez.

"Por ejemplo, Gómez deja la gerencia de la EMV, cargo que desaparece al asumirlo el actual consejero delegado de esta entidad, Luis Armada, por lo que no aumenta el gasto", añadió. "El caso de Martín no lo conozco porque no es de mi área, pero seguro que no va a suponer ningún sobrecosto porque en el Ayuntamiento el crecimiento del personal es cero", concluyó.

Ante las preguntas sobre quién de los dos gerentes daría la última palabra en caso de discrepancias en el agitado día a día del consorcio, el consejero de Obras Públicas manifestó que no hay por qué suponer que vaya a haber fricciones. "Son áreas muy diferentes y la posibilidad de conflictos es mínima", afirmó. Herráez añadió que, "en cualquier caso, el gerente del consorcio está supeditado a un consejo de administración formado por representantes de las dos instituciones y de la Delegación del Gobierno, que son quienes establecen las líneas de trabajo".

Cortés descartó que el nuevo cargo que ostentará Florencio Martín vaya a solaparse al de jefa del área social del consorcio, desempeñado por Rosa Molina. "Eso es como decir que donde hay un consejero no debe nombrarse a un director general, una cosa es la actuación directa y otra la toma de decisiones".

Tres cambios de gerente

En sus nueve años de existencia el consorcio, un organismo creado en 1986 para erradicar el chabolismo, fundamentalmente gitano, que no fue eliminado por el Programa de Barrios en Remodelación, cambia por tercera vez de gerente. El primero fue José Luis Gómez, un arquitecto municipal vinculado al Programa de Barrios en Remodelación. En 1988 presentó por primera vez su dimisión por falta de apoyo institucional. Regresó y en 1993 volvió a dimitir, ya de forma definitiva, en un momento en que las instituciones encargaron un estudio sobre la viabilidad de este organismo. Se quejaba de que sus sugerencias no se tenían en cuenta.

El siguiente director del consorcio fue Julio Fernández Mato, un abogado vinculado a la gestión empresarial. Dejó su puesto el pasado mes de junio alegando falta de voluntad política de las administraciones para cumplir sus compromisos. En los últimos tres meses, hasta el próximo nombramiento oficial de Martín y Gómez, este organismo ha permanecido descabezado.

Consejero y concejal no adelantaron cómo van a trabajar en el futuro para erradicar la marginación de las 895 familias chabolistas a las que se les prometió una vivienda digna para 1991 y de las 1.000 consideradas ilegales por construir su chamizo después del censo de 1986. Para estas cuestiones remitieron a una reunión que celebrarán el próximo 4 de octubre, a la que también asistirá la Delegación del Gobierno.

Quedan muchas incógnitas por resolver. La principal: el ritmo de cada institución para aportar pisos. Otro aspecto que deberán concretar es si se va a seguir realojando familias en nuevos guetos de prefabricados o si se va a dar prioridad al traslado a pisos en altura. Existen 10 campamentos de barracones cuyo ambiente, en la mayor parte de los casos, se ha ido deteriorando, consolidándose como núcleos de marginación y delincuencia.

Un punto básico es resolver qué se va a hacer con los ilegales. En los años noventa han surgido importantes núcleos de favelas, algunos de ellos habitados por inmigrantes.

Las instituciones también deberán decidir cómo evitar que personas con fuertes ingresos por la venta de droga se beneficien de este programa de vivienda social.

Hasta ahora las declaraciones de los actuales representantes municipales y regionales sólo han hecho referencia a la necesidad de que también el Gobierno central aporte dinero al consorcio a través de la Delegación del Gobierno (algo que dejó de hacer en 1987) y al deseo de que se elabore un nuevo censo de chabolistas.