El presidente se compromete a que el Gobierno dé explicaciones en el Congreso

Felipe González cree que los últimos hechos -las presiones del ex banquero Mario Conde al Gobierno- avalan la existencia de la conspiración que él lleva denunciando desde primavera. Así lo hizo saber ayer el presidente del Gobierno en los pasillos del Congreso. "Hay suficiente información para confirmar lo que venimos diciendo desde hace meses". No obstante, González distinguió entre "una operación política clarísima contra el Gobierno", y otra, "un chantaje contra el Estado", del qué, por carecer de pruebas por el momento, no acudirá ante los tribunales. El Gobierno, aseguró, informará de las presiones de Mario Conde la próxima semana en el Congreso de los Diputados. Primero, en la Comisión de Secretos Oficiales, y después, en el pleno.

Felipe González se pronunció ayer, 24 horas después de saltar la noticia del chantaje de Mario Conde al Ejecutivo, sobre las conversaciones que el Gobierno ha mantenido con los representantes del ex banquero, procesado por el caso Banesto. El punto más débil para el Ejecutivo en esta cuestión, la conversación que el propio González mantuvo en La Moncloa, el 23 de junio, con Jesús Santaella, abogado de Conde y de Juan Alberto Perote, lo justificó el presidente en nombre de la seguridad del Estado y de la persona que medió para que se produjera la entrevista, el ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez, También aclaró que la reunión, en la que participó el ministro Belloch, duró solamente de 15 a 20 minutos. González admitió que es opinable si la cita fue un error o no. "Yo creía que era interesante desde el punto de vista de la seguridad del Estado haber hecho esa reunió . No sólo lo creía yo, sino personas a las que tengo mucho respeto", en clara alusión a Adolfo Suárez.Negó de manera tajante que el Gobierno hubiera intentado ponerse en contacto con los representantes de Mario Conde, y justificó reiteradamente las conversaciones en ningún caso negociación, precisó- con los enviados del ex banquero por razones de seguridad del Estado. "Han hecho distintos intentos de acercarse al Gobierno y a sus representantes. En algún momento he estimado conveniente conocer los detalles necesarios en interés de los asuntos de la seguridad del Estado".

El presidente expuso que el procedimiento parlamentario para dirimir y aclarar estas conversaciones será similar al segi4ido con motivo del escándalo de las escuchas telefónicas del Cesid el pasado mes de junio. El Gobierno, además de comparecer ante la Comisión de Secretos Oficiales, lo hará también la, próxima semana en el Congreso. Pero matizó que no sera él quien protagonice las comparecencias. "No tengo por qué ser yo. Tengo menos informaci6n que otros miembros del Gobierno".

"Se califican ellos mismos"

González se explayó en la explicacion de la existencia de una trama, a su juicio, más fundamentada ahora que cuando él y su Gobierno comenzaron a denunciarla. El 20 de junio, el presidente llegó a declarar abiertamente que había una trama conspirativa que intentaba "chantajear" y "echar un pulso al Estado". Ayer, lo hizo al hilo de una pregunta sobre la calificación que le merecen Mario Conde y Jesús Santaella. "No tengo por qué calificar ninguna actitud de ningún ciudadano. Yo creo que se califican por sí mismos. Hay bastante información ya para confirmar lo que desde hace meses les vengo diciendo".

Distinguió a continuación entre lo. que considera una operación política "clarísima" contra, el Gobierno y un "chantaje al Estado". "Creo que hay que distinguir entre lo que, vengo diciendo desde hace meses, una operación política clarísima contra el Gobierno, utilizando todos sus instrumentos, y cuyos contornos no son sólo éstos, sino algunos más, y un chantaje contra el Estado, del que en cuanto dispongamos de algún dato lo llevaremos ante los tribunales". Aun así, advirtió que "nunca aceptaría" tal chantaje.

Tampoco amplió la información conocida sobre los documentos de que presuntamente dispone el ex número dos del Cesid Juan Alberto Perote, en situación arresto domiciliario. González respondió ambiguamente con un "con exactitud no se sabe". Aunque sí admitió que esta documentación "crea una cierta inquietud para la seguridad del Estado". Antes del pronunciamiento de Felipe González, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín Almunia que la víspera sólo había calificado de "presiones" las gestiones de Jesús Santaella, ya defendía claramente también la existencia de una trama contra el Ejecutivo y el Estado. Incluso puso nombres y apellidos a los protagonistas. Citó a Conde y a Perote.

En un claro capote a la posición defendida: el martes por el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, Almunia afirmó que no se puede hablar de chantaje en el sentido jurídico del término, aunque sí, dijo, se puede hacer en el sentido político. Por ello, justificó también que el Gobierno, no se personara ante los tribunales, para denunciar las presiones de Conde. Según Almunia, los representantes del ex banquero han actuado con mucha finura" para no incurrir en errores jurídicos.

Puestos a dar nombres, también el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de la Junta de Extremadura, los dio ayer en Bruselas. En su opinión, el fiscal del Estado, Carlos Granados, debe encarcelar a cinco personas que tienen como único fin "cargarse" a González: Mario Conde, el juez Baltasar Garzón, Ricardo García Damborenea, el coronel Juan Alberto Perote y José María Ruiz Mateos.

En parecidos términos se pronunció en RNE el secretario de organización del PSOE, Cipriá Ciscar. "Hasta ahora", advirtió, se conocen sólo algunos nombres de esta trama, pero en breve va a haber unos cuantos más y veremos. en qué sectores están, para que trabajan, por qué se han coordinado".

Que hable González

Frente a los socialistas, el portavoz del grupo parlamentario popular, Rodrigo Rato, pedía a González que sea él quien dé la cara ante el pleno del Congreso para explicar públicamente su reunión con Santaella. Para el PP, no basta con una comparecencia del Gobierno ante la Comisión de Secretos Oficiales. "Habrá una parte que pueda ser del ámbito de la comisión de secretos dijo con tono de cierto escepticismo, pero, hay otra "que inevitablemente tendrá que ser pública". Rato, en todo caso, se negó a emitir ningún tipo de juicio sobre Marlo Conde o Juan Alberto Perote.

Julio Anguita, coordinador general de Izquierda Unida, también se dirigió a González exigiéndole que explique el documento que, ayer publicó El Mundo sobre la falsificación de pruebas en la muerte de la etarra Lucía Urigoitia. "González o alguien del Ejecutivo debe comunicar a la opinión pública si el documento es real o no", dijo Anguita. Añadió que González confunde sus intereses personales con los del Estado.