PP dice que el 15% se traspasó como concesión a Jordi Pujol

EL PAÍS, Mariano Rajoy, vicesecretario general del PP, aseguró ayer que la posición del Gobierno respecto al traspaso del 15% del IRPF a las comunidades autónomas para el año próximo "derrota la forma en que se gobierna". "El año 1993 se adoptó la cesión del 15% porque fue una exigencia de Pujol para aprobar los Presupuestos, y ahora el Gobierno demuestra la falta de seriedad de aquel planteamiento, porque lo utiliza como una represalia al encontrarse con la falta de garantía de ClU en su apoyo a los Presupuesto! de l996".

El dirigente popular aseguró que "hay que buscar un acuerdo entre los partidos" y se mostró dispuesto a que el Consejo de Política Fiscal y Financiera se reúna el año próximo, y revise el modelo de financiación autonómica.

La razón de Fraga

El presiden te de la Xunta, Manuel Fraga, recordó ayer que su comunidad autónoma fue la única que recurrió ante el Tribunal Constitucional la cesión, del 15% del IRPF, por lo que considera que el Gobierno viene ahora a darle la razón, al congelar el traspaso por sus diferencias con Pujol, informa Xosé Hermida. "Nosotros siempre dijimos que ese traspaso era una concesión política, una determinada ayuda, más que el resultado de un análisis a fondo sobre la corresponsabilidad fiscal, que de eso no tenía más que el nombre. Ahora parece que se confirma nuestra apreciación", afirmó.

Fraga se felicitó por la incorporación de CiU "al amplio consenso de la oposición" en el que incluyó también a los sindicatos y la patronal por su rechazo a que los Presupuestos del próximo. año se debatan en las actuales circunstancias políticas.

Sin embargo, el portavoz del PP en la Comisión de Economía, Cristóbal Montoro, dijo ayer que la amenaza de congelar la ce sión del 15% es "una ame naza para la financiación de las autonomías". El diputado de Izquierda Unida Pedro Antonio, Ríos dijo en el Congreso que la actitud del Gobier no es un chantaje y un in tento de trasladar inestabilidad a las autonomías. El ministro para las Administraciones Públicas, Joan Lerma, aseguró que no se trata de ninguna "venganza", sino de la imposibilidad de acordar una norma legal por consenso.