Sala dice que el Supremo no atenderá "consecuencias políticas" en el GAL

Los magistrados del Tribunal Supremo actuarán en el caso GAL "sin consideraciones a las consecuencias políticas inmediatas", asegura el presidente del alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Pascual Sala. La Salá Segunda del Supremo tiene previsto reunirse mañana para estudiar si asume otro sumarlo tras la nueva exposición razonada que el juez Baltasar Garzón les envió el jueves, a partir de las declaraciones y documentos obtenidos mientras investigaba el caso Monbar.

La Sala remitió el escrito de Garzón al fiscal, para que se pronuncie sobre la competencia del Supremo. Si el fiscal contestase a tiempo mañana mismo, la Sala Segunda podría decidir pedir para sí este sumario y Garzón tendría que dejar de investigar. Fuentes de la propia Sala señalaron que, con toda probabilidad, debatirán el problema de los recursos que se habían plateado sobre actuaciones de Garzón. en el sumario por el secuestro de Segundo Marey y que estaban pendientes de resolución en la Audiencia Nacional.En una entrevista concedida a la agencia Efe, Pascual Sala, que no quiso opinar sobre los aspectos concretos del caso GAL que se tramita en el Tribunal Supremo, dijo que este tribunal discurre al margen de decisiones políticas, tales como la convocatoria o no de elecciones, y agregó que si hay personas que ligan ambas cosas, será responsabilidad de esas personas y no dé los magistrados. "Éstos tienen que hacer, y sin duda lo harán, su función sin consideraciones a las consecuencias políticas inmediatas".

Matizó que, sin embargo, el Tribunal Supremo es un tribunal de Estado y que por ello actuará "con toda la eficacia y la eficiencia" que le es propia, sin originar, por incumplimientos o irregularidades tales como retrasos indebidos, "consecuencias perjudiciales para el normal funcionamiento de la vida del país".

Esperar una sentencia

Enfatizó también que "última mente en España parece que no hay más debate político que, el que surge de las actuaciones judiciales", y añadió que eso no es culpa de los jueces, sino de que "por lo visto, no hay más programa político que estar esperando una providencia o un auto o una sentencia de determinado juez o de determinado tribunal".

"Párece que no hay problemas para suscitar ese debate, tales como los puestos de trabajo, la recuperación económica o los indicadores económicos, la política exterior, la falta de agua, la pesca, la agricultura, el comercio o la industria'', y eso es una subversión, una perversión del funcionamiento político y democrático de las instituciones".

Pidió que no se liguen actuaciones políticas a las judiciales y que no se esté esperando "a ver que es lo que dice el Tribunal Supremo para convocar o no convocar elecciones. Que ellos [los políticos] tengan sus programas políticos, al margen de lo que tenga, que hacer el tribunal Supremo o cualquier tribunal".

Los magistrados del Supremo, indicó, tienen mucha experiencia y la obligación de estar más preparados para resistir los inconvenientes de la popularidad que el resto de los jueces y magistrados y se mostró convencido de que trabajarán con toda discreción y prudencia "lo que no es síntoma de debilidad".

Según Sala, las presiones sociales de grupos de opinión y de intereses concretos, políticos, sociales o económicos, no van a tener posibilidades de receptividad en el Tribunal Supremo, porque es un órgano poderoso, la cúpula del poder judicial, y "cuanto más poder se tiene se es más discreto y más prudente".

Sin embargo, reconoció que la independencia más difícil de mantener por el juez, en un Estado de Derecho como España, no es la independencia frente a los poderes públicos, ni frente a la propia organización judicial jerárquica, ni frente a los intereses de las partes, que está garantizada en la Constitución y en las leyes procesales. "La independencia más dificil de mantener sicológicamente es respecto a esos estados evanescentes de opinión, la presión ambiental, los juicios paralelos o el temor al que dirán".

Se puede gobernar

Se quejó de que "en otros países se puede gobernar, como pasa en Francia, aunque haya uno o dos ministros implicados en actuaciones judiciales y a veces hasta sentenciados por los tribunales" sin que se provoquen tensiones como en España.

Añadió que el juez debe tener presente que no debe provocar innecesariamente y a sabiendas una distorsión en la vida nacional, pero debe actuar con independencia de las valoraciones políticas de sus actuaciones.

Indicó que estas actuaciones debe desarrollarlas "con prudencia, que no es entreguismo, ya que sin prudencia no hay justicia, porque la prudencia es patrimonio de los fuertes y no de los débiles".

Se refirió a continaución, como ejemplo de esta actuación, a la jueza Ana Ferrer, que instruye el sumario del caso Roldán, y dijo que pertenece a "ese grupo de 3.400, jueces que no buscan protagonismo" y cuyos nombres no conocen los ciudadanos.