Partidos y dinero

EL DESACUERDO existente sobre la aceptación o no de las donaciones anónimas, por una parte, y las de las empresas por otra, compromete el consenso que se intenta conseguir para la reforma de la actual ley de financiación de los partidos. El asunto deberá discutirse en los primeros días de septiembre en el seno de la comisión parlamentaria constituida en 1994 para investigar los escándalos de financiación irregular de los partidos y estudiar una eventual reforma de la legislación actual que evite nuevos casos Filesa, Naseiro, etcétera. El planteamiento es bastante equívoco pues el mensaje que transmite es que tales escándalos fueron consecuencia de las insuficiencias de la legislación existente. Lo cual es falso.En España existe una generosa financiación pública de los partidos, que se canaliza por una triple vía: subvenciones para el funcionamiento ordinario, para gastos electorales y para los grupos parlamentarios. Entre 1978 y 1993 los partidos han recibido por esa triple vía unos 80.000 millones de pesetas. En 1995 recibirán unos 12.000 millones, de los que 9.000 lo son como subvención al funcionamiento ordinario, es decir destinados a pagar los sueldos de sus permanentes, alquiler de sedes y gastos de funcionamiento. La cifra es superior en términos relativos a la de la mayoría de los países europeos. Si, pese a ello, los partidos han recurrido a sistemas irregulares de financiación -cobro de comisiones ilegales y donaciones encubiertas- ha sido porque casi todos ellos han funcionado durante años con criterios poco escrupulosos: fijando los ingresos en función de los crecientes gastos, y no al revés; y complementando por tales vías ilegales el desfase entre unos y otros. Así y todo, los partidos soportan deudas ingentes.

La comisión parlamentaria debe presentar propuestas de reforma de la ley tendentes a hacer más transparentes las vías privadas de financiación. El planteamiento, casi cínico por realista, plantea que, puesto que en todo caso habrá financiación privada, más vale que sea transparente. El PSOE, que defendió la financiación pública con el argumento de garantizar la igualdad de oportunidades, admite ahora dar mayor participación a la privada, aunque mantiene sus reservas. Sostiene que si el criterio es la transparencia, deben eliminarse las donaciones anónimas. La ley actual las permite, aunque con un tope un tanto arbitrario: el 5% del total destinado cada año por los presupuestos del Estado a la financiación de la actividad de los partidos. Supone en 1995 un máximo de unos 450 millones por partido. Cifra cómica contrastada con los gastos.

A cambio propone ampliar de 10 a 25 millones anuales el tope que cada particular pueda regalar a un partido, pero quiere que se prohíban las donaciones directas de empresas. La ley actual impide sólo las donaciones de empresas con relaciones -de suministro, contrato de obras, etcétera- con la Administración pública. El PP considera "inadmisible" esa limitación que supone privar a los partidos de una fuente que produce, según asegura, "entre el 15% y el, 20% de sus presupuestos".

El PSOE dice ahora que la opinión pública interpretaría esas donaciones como el precio por algún favor de la Administración. Cierto. Pero si es así, lo mismo ocurriría en el caso de donaciones de particulares que tengan algún negocio. Los partidarios de estimular la financiación privada sostienen que ésta favorece una gestión más rigurosa que la dependiente de los fondos públicos. Habrá de verse. Lo seguro es que la espiral de gasto de los partidos ha creado una situación en la que son imprescindibles un control y una transparencia que eviten no sólo el abuso, sino también la convicción popular de que existe.