Gil se convierte en el amo de la costa

Jesús Gil ha logrado extender sus dominios en la Costa del Sol. La decisión del PP de rechazar un pacto con el PSOE e IU para impedir que Gil lograra el control de la mancomunidad que agrupa a 11 municipios de la zona occidental de la provincia de Málaga aupó al alcalde de Marbella a la presidencia del organismo supramunicipal, encargado del abastecimiento de agua, la eliminación de residuos y el saneamiento en una de las franjas turísticas por excelencia del litoral español.El control de la entidad, en la que ha colocado de vicepresidente a su hijo Jesús, alcalde de Estepona, supondrá a Gil disponer de un presupuesto que este año superaba los 850 millones de pesetas en aportaciones municipales. Lo que es más importante, dirigirá la empresa pública encargada del abastecimiento de agua a estas localidades.

Una empresa que en un año hidrológico normal factura unos 2.300 millones de pesetas. Todo ello al margen de inversiones de la Administración central y autonómica, así como de los fondos comunitarios, partidas que según los socialistas podrían suponer durante los cuatro próximos años de legislatura un montante en torno a los 50.000 millones de pesetas.

Además del ciclo del agua, este organismo tiene algunas competencias sobre la gestión urbanística en el litoral, las playas y los residuos sólidos. El PSOE afirma que Gil se encontrará el organismo con tan sólo unos 1.000 millones de pesetas en deudas ya refinanciadas, y muestra su temor a que una de las primeras medidas del alcalde de Marbella sea privatizar la empresa de aguas.

El alcalde de Marbella diseñó toda su estrategia en las pasadas elecciones para hacerse con el control de este organismo, entidad en la que no participó formalmente cuando en la anterior legislatura estaba gobernado por el PSOE e IU. Sus victorias rotundas en Marbella y Estepona le pusieron a un paso del objetivo, aunque los resultados de su partido, el Grupo Independiente Liberal, en otras localidades no fueron suficientes.

No obstante, para cumplir su proyecto, que había bautizado como Federación de Municipios -un "miniestado federal", en palabras del ideólogo del GIL, José Luis Sierra-, consiguió la alcaldía de Casares gracias al apoyo de dos ediles tránsfugas del PSOE, a los que según este partido llegó a ofrecer contratos blindados y sueldos millonarios.

Además, cogobierna en Benahavis, localidad donde un solo concejal de su partido consiguió aupar al PP a la alcaldía. El malestar de algunos alcaldes independientes ante el anterior gobierno del organismo, unido a las promesas de Gil de mejorar las comunicaciones por carretera de estos municipios con la franja litoral, llevaron a éstos a apoyarle en la investidura.

Los ediles de Istán y Benalmádena se han sumado al proyecto del alcalde de Marbella. En Benalmádena gobierna con el Partido Popular Enrique Bolín, un ex senador popular que fue expulsado del partido tras ser condenado por consumo de drogas en Gibraltar.

A pesar de estos apoyos, un acuerdo de las fuerzas democráticas" para parar a Gil, como pretendían PSOE e IU, hubiera dado la presidencia del organismo a los populares. Un partido que con una consciente ambigüedad rechazaba tal posibilidad y decidía abstenerse en la sesión de investidura. Los populares se aseguran de esta manera el control de la Diputación Provincial, donde los dos representantes del partido de Gil son fundamentales ante un hipotético pacto de socialistas e IU.

El PP niega que éste haya sido el motivo y aduce que era "justo y democrático" que el alcalde de Marbella se hiciera con la presidencia, "ya que sus apoyos representaban al 70% de los votantes del litoral malaguefio". El propio presidente del PP en Andalucía, Javier Arenas, ha pedido " respeto hacia Gil, porque representa lo que han querido libremente los ciudadanos en Marbella y Estepona".

Los populares ni siquiera van a expedientar a su concejal que apoyó a Gil, a pesar de que habían anunciado que adoptarían medidas contra quien rompiese la disciplina de voto. Se amparan en que el voto no fue decisivo, aducen que el carácter secreto de la votación impide saber quién fue el edil díscolo e incluso alegan que "pudo tratarse de un simple error de cualquiera de los representantes".

Los estatutos de la mancomunidad establecen que el máximo responsable debe ser elegido por mayoría absoluta. Jesús Gil no la consiguió en la primera votación y planteó una segunda, arropado por el Partido Popular y los independientes, al entender que, aunque no está previsto en los estatutos, había que seguir el modelo de las corporaciones locales, por el cual un candidato con mayoría simple en segunda vuelta obtiene automáticamente el cargo.

Carlos Sanjuán, secretario provincial del PSOE malagueño, asegura que no hay "legitimidad en la elección de Gil" porque los estatutos establecen "sin ningún género de dudas, que el presidente debe ser elegido por mayoría absoluta". El PSOE acudirá a los tribunales para impugnar la elección. El presidente del PP en Málaga, Atencia, considera que la elección es "correcta".