El Supremo decidirá si abre otra causa contra Barrionuevo por el reparto de fondos reservados

El Tribunal Supremo no sólo tiene en sus manos el caso GAL, sino que también deberá decidir sobre el pago de sobresueldos con cargo a los fondos reservados, el segundo gran escándalo que ha sacudido al Ministerio del Interior en el último año. Junto con los testimonios referidos al secuestro de Segundo Marey, el juez Garzón ha enviado al alto tribunal una declaracióndel ex director de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal, quien reconoce haber cobrado 66 millones de pesetas con cargo a dichos fondos, supuestamente por decisión del ex ministro José Barrionuevo.

En su escrito al Supremo, Garzón reconoce implícitamente que este testimonio de Sancristóbal tiene poco que ver con el caso GAL, por lo que "habrá de decidirse si se queda unido a esta causa por conexidad o se remite al juzgado de instrucción número 43 de Madrid [donde ya se investiga el pago de sobresueldos con cargo a los fondos reservados] o se abre otra [causa] diferente".Según fuentes jurídicas, de las tres opciones que ofrece Garzón, la más probable es la tercera: que el Supremo decida separar esta declaración del resto del caso GAL y abrir una nueva causa por supuesto delito de malversación de caudales públicos. La remisión del testimonio de Sancristóbal al juzgado 43 resulta más problemática, ya que el ex alto cargo de Interior acusa directamente a Barrionuevo, que es diputado del Congreso y por tanto goza de fuero. Sí podría darse el caso inverso: que el Supremo reclamase a la juez de instrucción de Madrid María Jesús Coronado la remisión de lo instruido hasta ahora, precipitando la llegada al alto tribunal del escándalo de los sobresueldos.

La juez Coronado, en virtud de una denuncia del Partido Popular, ha tomado ya declaración a numerosos funcionarios y antiguos altos cargos de Interior, incluido el ex ministro Antoni Asunción, sobre el supuesto reparto de sobresueldos, que fue inicialmente denunciado por el antiguo director general de la Guardia Civil Luis Roldán, quien reconoció haberse quedado con 400 millones de los fondos reservados.

En la declaración remitida por Garzón al Supremo, Sancristóbal afirma que, entre 1982 y 1984, cuando era gobernador civil de Vizcaya, recibió 21 millones de gratificación, a razón de siete por año.

Cuando ascendió a director de la Seguridad del Estado, agrega, "habla con el ministro José Barrjonuevo y acuerda que se revise al alza" el sobresueldo, percibiendo 10 millones al año en 1985 y 1986. Poco antes de cesar en el cargo, "por acuerdo entre el ministro y Rafael Vera, que entonces era subsecretario", se le entrega una indemnización de 25 millones.

Sancristóbal asegura asimismo que, a través de él mismo o de Vera, también cobraban sobresueldos los gobernadores civiles de las tres provincias vascas, Navarra, Madrid y Barcelona; así como el delegado del Gobierno en el País Vasco y que el ministro Barrionuevo era informado de estos pagos cada tres semanas aproximadamente.

Por otra parte, la acción popular del caso GAL anunció ayer que también solicitará a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que cite a declarar, como imputados, al presidente del Gobierno, Felipe González, y a los otros tres aforados (los ex ministros Barrionuevo y Narcís Serra y el diputado José María Benegas).

El abogado Teodoro Mota, que representa a 104 particulares, se suma así a las peticiones que han anunciado los defensores de los ex policías Francisco Álvarez, antiguo jefe superior de Bilbao, José Amedo y Michel Domínguez.

La acción popular no formulará inicialmente acusaciones contra los aforados, sino que esperará a conocer sus declaraciones, agregó Mota, quien suscribió los argumentos expuestos por el juez Garzón en su escrito al Supremo.