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EL 'CASO GAL' EN EL SUPREMO

El PP soslaya la falta de indicios penales e insiste en la dimisión de González

El líder del PP, José María Aznar, defendió ayer que "la imputación o no de Felipe González en el sumario de los GAL no es relevante a efectos de la determinación de sus responsabilidades políticas. Las responsabilidades políticas de González se determinan en el Congreso de los Diputados, no en el Tribunal Supremo", afirmó en una rueda de prensa en su residencia veraniega de Oropesa (Castellón).

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La llamada que inculpa a Barrionuevo

Las principales fuerzas políticas -socialistas, nacionalistas catalanes y vascos- pidieron ayer celeridad. al Tribunal Supremo para tomar una decisión crucial: decretar el procesamiento de los políticos aforados presuntamente implicados en el caso GAL o, por el contrario, el sobreseimiento. La gravedad política de que el presidente del Gobierno, un ex ministro del Interior y otro de Defensa sean citados en el sumario enviado ayer por Baltasar Garzón al Supremo requiere una rápida intervención judicial para aclarar si existen o no indicios de responsabilidad penal.El secretario general del Partido Popular, Francisco Álvarez Cascos, defendió ayer que, con independencia de si ha habido comportamientos delictivos, está claro que ha habido una responsabilidad política, que concierne al propio Felipe González. De ahí, agregó, que para el PP siga siendo necesaria la dimisión del presidente del Gobierno.

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rodrigo Rato, dijo en Oviedo que no quería hacer ningún tipo de valoración política "de las coyunturas judiciales", si bien declaró que "la existencia de una trama como el GAL produce gravísimas responsabilidades políticas de los máximos responsables del Gobierno", con independencia de que se traten o no de conductas delictivas, informa Mario Díaz."Creer en falsedades"Para José María Benegas, miembro de la ejecutiva federal del PSOE y también implicado en el caso GAL, opiniones como la vertida por Álvarez Cascos demuestra que éste y otros dirigentes populares "no creen en el Estado de Derecho. Porque si la decisión de la justicia es no admitir ninguna responsabilidad, las citadas personas están avalando que creen en la falsedad para exigir responsabilidad política".

Benegas afirmó que Garzón ha incurrido "en una flagrante contradicción". "Si no hay indicios no puede haber culpabilidad y, sin embargo, a las personas citadas en el escrito se nos ha causado un grave daño político y personal tan solo a partir de valoraciones subjetivas y de las declaraciones de García Damborenea, que no aporta ningún. tipo de prueba sobre su acusación".

El ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, negó de nuevo que exista un acta fundacional de los GAL y expresó su deseo de que el Supremo "decida con la máxima rapidez".

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El portavoz de Convergéncia Democrática de Catalunya, Pere Esteve, coincidió en que "ahora lo que es muy importante políticamente es que el Supremo haga su trabajo rápidamente". El portavoz del PNV, Joseba Egibar, se expresó en términos muy parecidos, si bien fue más lejos al citar a Barrionuevo. "En su caso llueve sobre mojado. No solo es el GAL, es el tema de Roldán, y otros. Que este señor no asuma ninguna de sus responsabilidades y se aferre al cargo y al aforamiento es impresentable". El parlamentario de Unió Democrática Eugenio Pérez Bueno señaló que Garzón ha realizado una "instrucción débil, lo que no resulta sorprendente en su caso". Según Rosa Aguilar, portavoz de IU en el Congreso, la exposición remitida por Garzón al Supremo pasa a éste la "patata caliente" de dirimir las responsabilidades penales de González en el caso GAL, si bien "su culpabilidad política sigue clara".

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