Jueces y especialistas

Los escándalos financieros se han convertido en un suceso relativamente habitual. La Audiencia Nacional entiende de los más resonantes, como el caso Banesto, el de las primas únicas, PSV o Inverbroker, que ha dado lugar a que el juez instructor, Miguel Moreiras, fije la mayor fianza de responsabilidad civil de la historia procesal española,105.000 millones de pesetas.Pero de la larga lista de delitos mercantiles_y societarios entienden cada vez con más frecuencia los tribunales inferiores, incluso los juzgados de primera instancia: fraudes inmobiliarios, impugnaciones de acuerdos de juntas de accionistas pleitos por marcas y patentes... Un juzgado de Jerez de la Frontera (Cádiz) falló hace unas semanas, en un pleito entre la empresa local José Estévez, elaboradora del fino Tío Mateo, y la multinacional de bebidas Guiness, condenando a ésta a indemnizar a la primera con 1.378 millones de pesetas. ¿Está preparado el sistema judicial español para encarar estos delitos tan sofisticados?

Después una profunda reforma que ha durado diez años, las leyes mercantiles españoles se han adaptado a los principios de la Unión Europea (UE). Por tanto, el problema, según prestigiosos juristas, no reside en el desfase legislativo, sino en la formación de los jueces encargados de impartir justicia. Ésta es la opinión general entre los juristas intervinientes en el seminario El ejercicio práctico de la abogacía a través de sus protagonistas, organizado en Miraflores de la Sierra (Madrid) por la Universidad Autónoma de Madrid y el Banco Central Hispano.

Eugenio Gay, presidente del Consejo General de la Abogacía Española y decano del Colegio de Abogados de Barcelona, sostiene que se debe intensificar la formación de los jueces en temas monetarios y fiscales, aunque manteniendo la unidad de jurisdicciones.

Los clientes y los accionistas son quienes menos se han adaptado a la nueva situación, definida por Miguel de Blas Aritio, director de la asesoría jurídica del BCH para Madrid, por la transparencia y la claridad. En opinión de este abogado, mientras el Registro Mercantil es de libre acceso y los administradores proporcionan cada vez más información sobre la marcha de las empresas, muchos accionistas siguen manteniendo una actitud que califica de "pasiva". Éstos no han de limitarse a recoger dividendos, sino que deben preocuparse por la marcha de la sociedad de la que son los propietarios. De Blas propone como reforma urgente la clarificación de los balances a fin de hacerlos inteligibles para la mayoría.

El derecho regulador de los poderes públicos, el contencioso administrativo, sin embargo, está bajando su nivel, pese a la importancia del Estado en la economía española. Luis Martí Mingarro, decano del Colegio de Abogados de Madrid, se queja de los privilegios de que disfrutan las Administraciones Públicas y de la existencia de tribunales separados.

Javier Gómez Acebo, letrado del Consejo de Estado en excedencia, afirma que, a su entender, la mayor parte de los contratos firmados entre empresarios particulares y las Administraciones con la legislación en la mano, son nulos de pleno derecho. Gómez Acebo considera necesaria la restarauración de órganos de control, como la oficina de supervisión de proyectos central del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, suprimidos en los últimos años, y la implantación de un amplio sistema de responsabilidades.