Trauma en la Liga
EN UN país en el que hace tiempo que quedó abolido lo inverosímil, la noticia más increíble, con la que abrían ayer los informativos de televisión y radio, ha acontecido: el Sevilla y el Celta, dos equipos de gran solera del fútbol español, tendrán que jugar en Segunda División B (tercera apenas disimulada). Sin sus extranjeros y enfrentándose a equipos de poderío más bien escaso. Los jugadores del Sevilla, club clasificado para jugar la UEFA y que ha jugado en Primera División durante 54 de los 64 años con que cuenta ese campeonato, tendrán así ocasión de enfrentarse al filial de su eterno rival, el Real Betis. Hasta ahí han llegado las aguas. El desconcierto y la indignación no eran menores en Vigo, ciudad que durante decenios ha esgrimido su condición de población con equipo en Primera como compensación a su no capitalidad.La conversión de los clubes en sociedades anónimas buscaba acabar con la irresponsabilidad de unos directivos que, no arriesgando su patrimonio, los llevaban a aventuras financieras demenciales. Para facilitar la reconversión, la Administración- los contribuyentes- se hizo cargo de la deuda acumulada de los clubes. Era un punto final para imponer nuevas reglas. Y sin embargo, los hábitos del pasado son persistentes. Una gestión poco profesional y falta de seriedad en el cumplimiento de las normas y acuerdos son costumbre de directivos acostumbrados al amiguismo y a prácticas más o menos. caciquiles. Y no sólo en la vocación lenguaraz de muchos.
Los intentos de remediar ese. mal topaban con la falta de capacidad sancionadora de la Liga profesional. El real decreto aprobado en marzo pasado como resultado del consenso establecido entre los propios clubes fue planteado como respuesta a esa situación. Ha sido su aplicación lo que ha llevado a este extravagante desenlace. Sólo se explica como efecto del convencimiento por parte de los directivos implicados de que la sanción prevista, por su misma gravedad, no llegaría a aplicarse nunca. Pero ello constituye el principal argumento de quienes sostienen que sólo si la norma se aplica se tomará en serio. Pero también es cierto que algo falla en una normativa cuyos resultados son tan desastrosos y afectan a tanta gente.
La alarma social, ese concepto tan de moda hoy día, es muy aplicable al caso. Afecta a los aficionados muy dolorosamente. Pero más aún a los jugadores, que difícilmente cobrarán en las nuevas condiciones, a los contratos de televisión y publicidad, etcétera. ¿Quién se hace cargo de los daños? ¿Preveían los autores de la ley sus efectos? ¿No habría sido más adecuado que la sanción recayera en la directiva, no en el club? Cierto que son sociedades anónimas, pero con un carácter especial, por su capital histórico, su simbolismo y su relieve social.
No faltará quien justifique la marcha atrás de la Liga profesional, pero ello chocaría con los intereses del Valladolid y el Albacete, que han reclamado con la ley en la mano el derecho a ocupar las plazas de los descendidos. Y supondría un agravio comparativo para el Burgos, que ya pasó por ese trance. El apaño de ampliar la Liga a 22 equipos es eso, un apaño. Y un preocupante precedente. Y sin embargo, dada la situación, quizá no sea el peor.
