La batalla del cable

LA ALIANZA entre Telefónica y Canal + para hacer televisión por cable ha desatado una virulenta reacción por parte de los competidores o aspirantes a entrar en ese mercado, y ha motivado, también, que José María Aznar solicitara mayores aclaraciones. Hay que decir que tanto Telefónica como Canal + han aportado bastante información, y por diferentes vías, en las últimas horas, pero quizá no venga mal recordarla, pues es obvio que no todo el mundo parece haberse enterado. Telefónica y Canal + constituyeron, hace tres años, una compañía de televisión por cable llamada Cablevisión. Desde julio de 1992 hasta ahora, dicha sociedad ha permanecido inactiva debido a la ausencia de un marco legal que permitiera la actividad para la que fue creada. Pero ese vacío en las leyes no ha impedido, durante ese tiempo, a un buen número de empresas, pequeñas y grandes, llevar a cabo operaciones comerciales de cable en muchos puntos de España. Municipios y comunidades autónomas se han lanzado también a esa carrera, y el Ayuntamiento de Barcelona llegó a firmar un acuerdo con US West, una de las operadoras telefónicas en Estados Unidos y primer accionista del grupo Time Warner, para cablear la capital catalana. Ante esa situación, los accionistas de Cablevisión decidieron reactivar la compañía, lo que ha sido posible una vez que el Gobierno comunicara a Telefónica que la doctrina del Tribunal Constitucional también la amparaba a ella si quería emprender una operación de cable.

No hay nada oscuro en todo esto, y son evidentes las ventajas que para los usuarios supone el acuerdo. Telefónica puede ofrecer un servicio casi universal, y Canal + es la primera empresa española en televisión de pago, con un volumen de operaciones Considerable y una experiencia en este sector muy superior a la de cualquier otra compañía en nuestro país. Telefónica ha insistido en que su red estará abierta a otros operadores -naturalmente, en las condiciones comerciales adecuadas-, y se ha dicho hasta la saciedad que Cablevisión incorporará a, socios terceros, lo mismo que las operadoras locales que se constituirán en cada demarcación.

Algunos, como los miembros de la Asociación de Empresas de Cable (Aesdica), han entendido bien la situación cuando expresan su deseo de incorporarse a esas operadoras. O como Televisión Española, cuando por boca de su director general anuncia negociaciones a fin de incorporarse al sistema. Un proyecto de cable demanda sin duda muchas colaboraciones, ayudas y alianzas, y no puede plantearse como algo excluyente.

Sin embargo, también habrá otras redes, y no sólo otros operadores compitiendo dentro de la misma red. De modo que es lógico que los aspirantes a crear sus propios sistemas no vean con agrado los éxitos ajenos. Ello no les autoriza, en cualquier caso, a recurrir a la desinformación y a la injuria como medio de combatir a sus competidores.

Antena 3 Televisión, por ejemplo, ha empleado la fórmula inédita de emitir un editorial escrito sobre su pantalla, que luego reprodujeron, bajo consigna, los otros medios del grupo Asensio. Entre las cosas que ocultaba el artículo estaba el hecho significativo de que la propia Antena 3 había firmado acuerdos sectoriales y territoriales con Telefónica, y había ofertado incluso un pacto similar al obtenido por Canal +. Similar, salvo en importantes aspectos. Antena3 Televisión es una buena cadena generalista, pero carece de experiencia en el sector de pago. Por otra parte, sus finanzas no son las mejores para garantizar la solidez de nuevas aventuras. Finalmente, acaba de introducir en su accionariado a una empresa pública como ENDESA, que ha declarado su vocación y deseo de entrar en el mundo de las telecomunicaciones, o sea, de competir con Telefónica. Razones bastantes para que ésta no haya entrado al trapo.

Pero no sólo los competidores han expresado su malestar. El coro periodístico formado por los comentaristas del diario El Mundo y la cadena de radio de los obispos se ha sumado a las lamentaciones, reiterando machaconamente los infundios y ataques contra PRISA, su grupo de empresas, su presidente y sus profesionales. Entre los estereotipos que usan con singular perseverancia está el de que los éxitos empresariales de EL PAÍS y su sociedad editora se deben a los favores del poder. Sin duda es el Gobierno el que obliga a nuestros lectores a leemos, a los oyentes de la SER a escucharla o a los abonados a Canal + a pagar su suscripción. Ahora llegan a decir que las subidas futuras en las tarifas telefónicas servirán para construir las infraestructuras necesarias para Canal +. Y no se paran en barras a la hora de tratar de diseñar, con total desfachatez, un panorama según el cual la verdad y la honradez son de su exclusivo patrimonio, en un ejercicio de verdadero fascismo intelectual: el que desprecia las razones y utiliza los adjetivos como puños.

Demasiadas veces hemos dicho ya que los lectores y usuarios de los medios merecen estar al margen de estas batallas comerciales y periodísticas.

Demasiadas veces hemos insistido en que no recurriremos a los mismos métodos que nuestros sedicentes colegas en su carrera por vender más o tener mayor éxito. Pero la situación que comentamos pone de relieve que la ruptura del consenso social que toda convivencia exige es cada vez más evidente en nuestro país. Ha sido motivada por los errores del Gobierno, alimentada por los partidos de oposición y agitada por los medios a los que nos referimos. Restaurar ese consenso es, sin embargo, imprescindible: sin respeto a unas reglas de juego no es posible el ejercicio de la libertad.