Sotos acepta errores de gestión al frente de PSV, pero niega cualquier delito

Carlos Sotos reconoció ayer que en la gestión del proyecto empresarial de PSV e IGS hubo errores empresariales "pero no delitos". En una rueda de prensa, al día siguiente de abandonar la prisión de Carabanchel, y en presencia de su abogado defensor Miguel Bajo, Sotos se mostró dispuesto a aceptar la responsabilidad que por esos errores le corresponda. Puso como ejemplo de ellos el haber asumido empresas en pérdidas propiedad del sindicato UGT, porque "parecía bueno" para el proyecto. Sotos considera que la responsabilidad es colectiva y afecta al resto de los implicados. Recalcó que él ha sido el único de los imputados por la gestión de la cooperativa que ha dado la cara y negó que haya llegado a un "pacto entre villanos" con la Unión General de Trabajadores y se haya enriquecido.Sotos calificó, asimismo, de "escandaloso" que haya sido mantenido trece meses en prisión provisional por un auto dictado por el juez instructor Miguel Moreiras, de la Audiencia Nacional, que el Tribunal Constitucional declaró como "inmotivado" en una resolución. La única prueba en que se basó el auto de prisión era un informe pericial en el que los interventores judiciales, según Sotos, descartan la quiebra de la empresa y su enriquecimiento patrimonial.

Demostrar su inocencia

El ex gerente de la PSV se quejó de que hace trece meses, antes de su ingreso en la cárcel, presentase en el juzgado 4.000 folios de documentos para demostrar su inocencia y éstos hayan "dormido el sueño de los justos".Sotos dijo que, ahora que había recobrado la libertad, va a defenderse, aunque "sin imputar delitos a nadie". Anunció que se iba a presentar en la prueba pericial. Para Sotos es "determinante" en el caso de la cooperativa lo que ocurrió en los once meses que mediaron entre la dimisión de sus cargos en julio de 1993 y su encarcelamiento el 29 de junio de 1994. Cuando salió de Carabanchel, el pasado viernes por la tarde, tenía dos convicciones: que defendería su inocencia y que estaba preparado por si tenía que regresar a prisión.

En opinión de Sotos, la falta de apoyo del Gobierno y de la banca pública tuvieron parte de responsabilidad en el incumplimiento de los plazos de entrega de las viviendas prometidas. También la huelga general del 27 de enero de 1994 contribuyó al estallido del escándalo. Los fondos, afirmó, se invertieron en la compra de suelo sobre el que ahora se está edificando.

A Paulino Barrabés, ex presidente de PSV y ex responsable de finanzas de UGT, que también sufrió prisión provisional, Sotos le calificó de "amigo del alma". También dio las gracias a las 100 personas que han aportado dinero para reunir los 30 millones de fianza, entre las que no está Nicolás Redondo.