González rebate la acusación de Damborenea, pero Garzón le inculpará ante el Supremo

Felipe González rebatió ayer en el Congreso las acusaciones de Ricardo García Damborenea, ex secretario de los socialistas de Vizcaya, que le implicaban en la trama de los GAL. En una sesión parlamentaria que se consideraba lave para dilucidar si se iba a unas elecciones anticipadas en otoño, recibió el respaldo condicionado de CiU para aplazar los comicios hasta la primavera de 1996, pero cosechó fuertes críticas de la oposisión, que consideró poco creíble su defensa y lo instó a dimitir.

Felipe González rebatió ayer en el Congreso las acusaciones de Ricardo García Damborenea, ex secretario de los socialistas de Vizcaya, que le implicaban en la trama de los GAL. En una sesión parlamentaria que se consideraba lave para dilucidar si se iba a unas elecciones anticipadas en otoño, recibió el respaldo condicionado de CiU para aplazar los comicios hasta la primavera de 1996, pero cosechó fuertes críticas de la oposisión, que consideró poco creíble su defensa y lo instó a dimitir. González superó el reto parlamentario, pero las acusaciones que lo relacionan con los GAL entrarán hoy en el Tribunal Supremo. El juez Garzón remitirá al alto tribunal un informe en el que reflejará que cree haber encontrado indicios de delito en la actuación del jefe del Gobierno.

González obtuvo en el Congreso el apoyo de CiU en su réplica parlamentaria alas graves imputaciones de su ex correligionario Ricardo García Damborenea, pero si gue sumido en el atolladero. El presidente del Ejecutivo garantizó que "detrás de los GAL nunca estuvo el Gobierno" que él preside y advirtió que los jueces dirán la última palabra, como en el informe Crillon y la captura de Luis Roldán. González, que no dio una versión sobre cómo se crearon y financiaron los Grupos Antiterroristas de Liberación, autores de al menos 22 asesinatos, se limitó a proclamar su inocencia y a dejar en evidencia a su acusador. El presidente del Gobierno no descartó, sin embargo, una investigación parlamentaria sobre el caso una vez que concluya la acción judicial. El p9rtavoz de los nacionalistas catalanes, Joaquim Molins, optó por darle crédito al presidente, aunque le planteó un futuro difícil. González -dijo- deberá convencer a los ciudadanos, y si no lo consigue, disolver el Parlamento. La oposición no ahorró críticas, al jefe del Gobierno. Aznar exigió su dimisión e insinuó que quiere hacer de la presidencia del Gobierno un baluarte frente a posibles procesamientos. El PNV anunció que no volverá a la Comisión Constitucional del Congreso mientras ésta sea presidida por José Barrionuevo y, además, que boicoteará el Pacto Antiterrorista de Madrid si el teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo es ascendído a general por el Gobierno. En el debate, González asumió el compromiso de no oponerse a un suplicatorio si éste llega a solicitarse. Apoyado en la declaración de Damborenea, el juez Garzón comunicará hoy al Tribunal Supremo que aprecia indicios de delito en la actuación de Felipe González por el caso GAL. Fuentes jurídicas precisaron que la exposición que el magistrado elevará hoy a la Sala Segunda del alto tribunal recogerá también la existencia de indicios de criminalidad en las conductas del ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro de Defensa Narcís Serra, del ex ministro del Interior José Barrionuevo y del presidente del PSE-PSOE, Txiki Benegas. En la Secretaría del Portavoz del Gobierno señalaron anoche que el Gobierno contempla esta posibilidad "con absoluta tranquilidad y reitera su disposición a colaborar con la justicia". El fiscal general del Estado Carlos Granados, desechó ayer, de acuerdo con la junta de fiscales de sala del Tribunal Supremo, la posibilidad de presentar una querella contra García Damborenea por sus imputaciones a González.