Los sindicatos admiten que se amplíe a 15 años el periodo para calcular la base de las pensiones

Los sindicatos están dispuestos a aceptar algunas recomendaciones incluidas en el Pacto de Toledo -el compromiso sobre pensiones alcanzado por las fuerzas políticas- con tal de afianzar el actual sistema público y redistributivo de protección social. UGT y CC OO admitirán que se amplíen de ocho a 15 años el periodo que se utiliza para calcular la base de la pensión, en línea con la recomendación del Pacto de Toledo de aumentar la proporcionalidad entre las prestaciones recibidas y el esfuerzo contributivo del trabajador.

El escepticismo cunde entre los sindicatos sobre las posibilidades que tiene el Gobierno de sacar adelante los presupuestos para 1996. Sin embargo, y visto que el Ministerio de Trabajo considera imprescindible su acuerdo para desarrollar reglamentariamente el Pacto de Toledo, UGT y CC OO se han sentado para examinar qué aspectos del sistema de protección social pueden ser negociables. Estos aspectos fueron discutidos ayer por Pedro Díaz Chavero y José María Fidalgo, secretarios de política institucional de UGT y CC OO, respectivamente, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander.

Recorte en incapacidad

Las centrales apoyan, por ejemplo, que las pensiones de invalidez o viudedad se hagan, incompatibles con la realización de un trabajo remunerado, aunque consideren "inasumible" que se vincule la prestación por incapacidad temporal a la duración del contrato de trabajo. También aceptan que se simplifiquen los regímenes especiales hasta reducirlos a sólo dos modalidades: trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena.Otro asunto sobre el que llama la atención el Pacto de Toledo es el precario equilibrio financiero del sistema de protección social, en el que los ingresos del Estado por cotizaciones se usan inmediatamente para pagar las prestaciones. Los sindicatos proponen aprovechar las fases expansivas del ciclo económico para nutrir un fondo de estabilización que cubra los riesgos en los periodos de recesión.

Junto a las concesiones, Chavero y Fidalgo dejaron también claros los aspectos que sus organizaciones consideran irrenunciables. Descartaron por "insolidarla y ruinosa" la sustitución del actual sistema de reparto por uno de capitalización. También rechazaron ulteriores reducciones de las cotizaciones que las empresas pagan a la Seguridad Social, y exigieron que las pensiones se revaloricen automáticamente con el IPC, sin necesidad de negociaciones anuales.

Los sindicatos admiten la necesidad de contener el déficit público, pero puntualizan que la reducción del gasto debe ir acompañada de un incremento en los ingresos del Estado. Chavero y Vidalgo señalaron que sus organizaciones no son partidarias de aumentar la presión fiscal, pero pusieron el acento en la necesidad de atacar las "enormes bolsas de fraude fiscal" provocadas por la elusión por las empresas del impuesto de sociedades y del IVA.