La Seguridad Social asume el control de declarar invalideces para evitar fraudes

La Seguridad Social asumirá, antes de fin de año, la competencia exclusiva para declarar la invalidez permanente a efectos del derecho a recibir las prestaciones públicas. Así se recoge en un real decreto aprobado ayer por el Consejo deMinistros que crea los Equipos de Valoración de Incapacidades (EVIS). Estarán formados por un médico inspector propuesto por la autoridad sanitaria, un médico del Instituto de la Seguridad Social (INSS), un experto propuesto por la autonomía y otro personal técnico.

La información facilitada ayer por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social indica que actualmente hay 1.672.307 pensiones de invalidez en vigor y que su ritmo de crecimiento se ha moderado. Entre 1976 y 1984 aumentaban en torno a un 10% al año y a partir de ese año el incremento de nuevas pensiones de invalidez se ha situado en el 0,81%. No obstante, Trabajo cree que "la creación de los nuevos equipos contribuirán a mejorar la eficacia del sistema para garantizar que el acceso a estas prestaciones esté plenamente justificado".La implantación real de los Equipos de Valoración de Incapacidades que llevarán a cabo el reconocimiento de las prestaciones de invalidez se hará a finales de año. Para su puesta en marcha el Instituto Nacional de la Seguridad Social incorporará a su personal a 193 médicos y cada provincia contará con un equipo, como mínimo, hasta un total de 70.

Ahora la declaración de las incapacidades la realizan unidades médicas dependientes del Insalud, pero prácticamente se da por bueno el informe realizado por un médico. Cuando se ponga en marcha el real decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros, esa competencia pasa exclusivamente a los EVIS de la Seguridad Social a efectos del derecho a las prestaciones por incapacidad laboral y por invalidez en sus diferentes grados.

El real decreto fija también los nuevos procedimientos de declaración de la situación de invalidez permanente y establece el trámite de audiencia al interesado antes de la declaración definitiva, la emisión de dictámenes propuesta sobre la prórroga de la incapacidad temporal hasta un máximo de 30 meses cuando se considere conveniente, y la reserva de puesto de trabajo hasta dos años desde la declaración de invalidez permanente si se prevé que el trabajador tiene posibilidad de mejorar y reincorporarse al trabajo.