PSOE y CiU creen posibles los pactos pese a la ruptura del acuerdo global

Los socialistas van a aprovechar a fondo el margen de negociación que les ha ofrecido Jordi Pujol tras la ruptura del pacto global entre el Gobierno y Convergència i Unió (CiU) para asegurarse su apoyo hasta las elecciones de la primavera. Así lo pusieron de manifiesto ayer el ministro para las Administraciones Públicas, Joan Lerma, y el portavoz del Grupo Socialista, Joaquín Almunia. Ambos coincidieron en que son posibles los acuerdos con los nacionalistas y encontraron, además, buena disposición en sus interlocutores.

Joan Lerma, en su estreno como ministro ayer en el Congreso, dió la impresión que tenía por delante una legislatura, de tal manera que tuvo que admitir, mediada su intervención, que "le parecía más largo el programa que lo que queda de legislatura". No obstante, adquirió unos compromisos muy concretos que dejaron satisfechos a sus interlocutores nacionalistas, los parlamentarios Joan Miquel Nadal, de CiU, y Joseba Gatxagaetxeberria, del PNY, y un tanto escépticos a los del PP, Jorge Fernández y Manuel Núñez.El nuevo ministro para las Administraciones Públicas se comprometió a sacar adelante la Ley de Organización de la Administración (LOFAGE), la polémica y tan demandada ley por los nacionalistas que regula la figura de los gobernadores civiles, a la que calificó como una prioridad legislativa del Gobierno. También reabrirá en breve plazo las negociaciones con el Gobierno vasco para seguir desarrollando el Estatuto de Gernika y antes de fin de mes habrá un nuevo grupo de transferencias para la Generalitat catalana. Este paquete recoge los traspasos del personal de la Administración de Justicia, el Servicio Nacional de Producción Agraria (Senpa) y el Instituto Social de la Marina.

Lerma se comprometió a fijar nuevas fórmulas que regulen la participación de las comunidades autónomas en la construcción europea y en los fondos de cohesión. Paralelamente, abrirá una ronda con los presidentes de todas las comunidades autónomas para culminar los traspasos de las autonomías de vía lenta para antes de fin de año, y se comprometió también a poner en marcha las comisiones mixtas para llenar de contenido los estatutos de Ceuta y Melilla.El nuevo titular de Administraciones Públicas redondeó su oferta con el compromiso de abordar el sistema de financiación autonómico, la "gran asignatura pendiente", según el propio Lerma, quien matizó que "antes de que se aprueben los presupuestos de 1996 se deberá evaluar la repercusión del modelo de cesión del IRPF para que el próximo año pueda negociarse un nuevo sistema que entre en vigor el 1 de enero de 1997".

El ambicioso programa autonómico de Lerma contó con el respaldo de los parlamentarios de CiU y PNV. Nadal y Gatxagaetxeberria se comprometieron a apoyar los pasos que el nuevo ministro dé en la dirección prometida.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Joaquín Almunia, admitió ayer, en los cursos de verano de El Escorial, que el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, mantiene contactos con CiU sobre los presupuestos para 1996 y expresó su esperanza de conseguir el respaldo de los nacionalistas, aunque "ahora se necesitarán más horas de negociaciones".

Almunia insistió en que el Gobierno mantiene su compromiso de reducción del déficit público en el 4,4% del PIB para los presupuestos de 1996, y que no hará concesiones en este criterio. También se comprometió a que los presupuestos preservarán los gastos sociales y, por tanto, el control del gasto se hará sobre transferencias a empresas en gastos corrientes de la administración y reduciendo inversiones públicas no prioritarias.

El portavoz de CiU, Joaquim Molins, afirmó que en los presupuestos para 1996 deben rebajarse las cargas sociales que pagan los empresarios compensando estos ingresos con un aumento en el Impuesto sobre Sociedades y del IVA. También advirtió del riesgo de que el Gobierno intente cumplir el objetivo del déficit trasladándolo a autonomías y ayuntamientos. Molins recordó ayer que la retirada del apoyo global al Gobierno no significa que "sistemáticamente vaya a votar en contra del Gobierno" y se comprometió a "estudiar a fondo los presupuestos".