El monstruo surgido de las cenizas del 'informe Navajas'

Animado por la oportunidad política, por las incógnitas que suscitan los últimos asesinatos de ETA, por los datos y conjeturas planteados por políticos y periodistas, el informe Navajas aparece y desaparece periódicamente de la actualidad española dejando siempre un marcado rastro de inquietud, una duda profunda, una alarmante sospecha. Es la prueba de que, digan lo que digan los autos judiciales de archivo, las diligencias informativas abiertas en mayo de 1989 por el fiscal donostiarra Luis Navajas no están bien enterradas.Como resultado de la pusilanimidad de aquellos fiscales generales que a la vista de la personalidad de los sospechosos optaron por guardar el informe Navajas en el cajón, lo que eran unas diligencias previas en fase puramente indiciaria ha acabado transformándose ante la opinión pública en algo así como "la Biblia de la implicación de la mafia policial en el narcotráfico".

Podrido el caso por la falta de la oportuna investigación judicial en su momento, el misteno mismo, las filtraciones y los intereses han alimentando durante estos años un gigantesco fantasma lucubrador en el que los indicios son elevados a la categoría de certeza yel testimonio de un más que dudoso confidente policial es considerado elemento probatorio de la tesis.

Al contrario que el del lago Ness, éste es un monstruo cruento que devora la credibilidad y la confianza y que se ha cobrado también algunas vidas; dos seguras, la de los supuestos contrabandistas José Antonio Santamaría y José Manuel Olarte, citados en el informe, y cuatro más, entre ellas la del concejal donostiarra del PP Gregorio Ordóñez, si se acepta la tesis de quienes creen que los últimos asesinatos terroristas en San Sebastián responden a una única y particular lógica. Lo último, lo que se baraja incluso públicamente, es, por abracadabrante que sea, que esos atentados fueron ordenados por miembros de la Guardia Civil del cuartel de Intxaurrondo con el propósito de cegar las vías de investigación que podrían dejar al descubierto sus implicaciones en el narcotráfico.

Visto que los asesinatos son efectivamente reivindicados por ETA y llevan su sello, la teoría establece que esos agentes de la Guardia Civil ordenan las muertes a través de sus elementos infiltrados en la organización terrorista. Al hilo o independientemente de esta hipótesis, manejada preferentemente por el PNV, se denuncia una posible infiltración de ETA en la Guardia Municipal de San Sebastián -"un comando de pistoleros y quizás otro de información"-, apoyándose en las sospechas del propio Gregorio Ordóñez y en el informe redactado por el guardia Alfonso Cano con aportaciones de una docena de sus compañeros que el fiscal Luis Navajas ha calificado de "falso" y "panfleto".

Lo que ha sido presentado como Ios documentos de Gregorio Ordóñez" sobre la infiltración de ETA en la Guardia Municipal son una relación de 89 agentes, casi en su totalidad simpatizantes del sindicato LAB, vinculado a Herri Batasuna, clasificados sin más criterio conocido como "peligrosos" o "muy peligrosos". En ese listado, que en su última depuración señala a media docena de nombres de agentes como posibles integrantes del comando, figura, extrañamente -"para despistar", a juicio de los exegetas de Ordóñez-, el nombre del sargento Alfonso Morcillo, una de las últimas víctimas de ETA. Según el jefe de la Guardia Municipal, Mikel Gotzon Santamaría, hace más de seis meses varios miembros de los AVCS (unidad de investiación especial de la Ertzaintza) se personaron en su despacho con la lista de los integrantes del "supuesto comando de ETA infiltrado" en la Policía Municipal.

"Esos nombres", dice Mikel Gotzon Santamaría, "correspondían a los delegados de LAB, y aunque los ertzainas no me dijeron quién era su fuente, reconocieron al guardia Alfonso Cano en el cuadro de fotos con los retratos de todos los agentes que tengo en mi despacho".

Aunque con un énfasis mucho menor, las sospechas sobre la existencia de colaboradores de ETA en la Guardia Municipal donostiarra es compartida más allá'de los círculos políticos que promueven estos días la tesis de la infiltración. Esas sospechas genéricas se sustentan en un cálculo de probabilidades -340 agentes en plantilla y 30% de representatividad sindical de LAB en el Ayuntamiento-, en el hecho cierto de que un guardia municípal donostiarra está encarcelado actualmente por pertenencia a la organización terrorista y en la buena información de que parece disponer el actual comando Donostia.

Con un grupo de asesinos que campa por la ciudad desde hace tres años concatenando series de atentados, la duda, la sospechade que "algo puede haber", ha empezado a vivirse con cierta intensidad, sembrando el desconcierto y la indignación dentro de la propia Guardia Municipal.

Uno de los escasos puntos de ese escrito del guardia Alfonso Cano que no ha sido desmentido, aunque tampoco confirmado, establece que el confidente Euseblo Folgueira fue obligado por el guardia municipal Txema Lizarraga a facilitar a un periodista de Egin información referente a los supuestos contrabandistas, posteriormente asesinados por ETA, José Antonio Santamaría y José Manuel Olarte.

El agente municipal en cuestión, actualmente en activo, fue detenido en su día por pertenencia a ETA y posteriormente absuelto, dato que para quienes creen en la teoría de la infiltración constituye la pruebade la existencia de agentes dobles, de guardias civiles infiltrados en ETA.

De manera no menos explícita, en el escrito se apunta repetidamente al jefe de la Guardia Municipal, Mikel Gotzon Santamaría, como posible jefe de la red de presuntos activistas en la policía local donostiarra. "O me meten en la cárcel o me devuelven la dignidad", señala el jefe de la guardia donostiarra para avalar su propósito de querellarse contra el redactor del informe, el guardia Alfonso Cano, secretario del Sindicato Profesional, mayoritario dentro de la policía local.

Eusebio Folgueira, a quien, para escándalo de la Fiscalía de San Sebástián, se le atribuye en el escrito haber dado origen con sus informaciones al denominado informe Navajas y haber sido encargado por el propio fiscal donostiarra de la investigación de la denominada mafia policial, es un personaje largamente desacreditado en medios judiciales ypoliciales. Según Mikel Gotzi Santamaría, el confidente Folgueira fue incorporado como colaborador porque aseguraba que podía llevar a la Guardia Municipal hasta un conocido traficante de cocaína.

En contra de lo que se ha venido afirmando, el pago a ese confidente, algo más de 200.000 pesetas, fue hecho con cargo al presupuesto de la Guardia Municipal, dentro de la partida 226, dedicada a gastos diversos y aprobada por el interventor y el alcalde. Tampoco el cabo, Alfonso Cano, redactor del escrito en el que ha participado una docena más de agentes del Sindicato Profesional, concita opiniones favorables.

Ha sido expedientado y separado del servicio durante seis años por "utilización indebida de bienes municipales" y se le acusa, además, de haber dado clases de tráfico a otras policías locales haciéndose pasar por profesor de la Academia de la Guardia Municipal de San Sebastián y suplantando parcialmente la identidad de un agente licenciado en psicología que con anterioridad ha dado cursillos a otras plantillas. Se asegura que esa misma identidad figura como titular de la cartilla de ahorros que Alfonso Cano abrió para recoger esos ingresos extras, y que en su nombre aparece como persona autorizada oara la retirada de fondos.

Según Mikel Gotzon Santamaría, toda esta historia de la filtración de la organización terrorista ETA en la Guardia Municipal es una venganza urdida por Alfonso Cano para evitar que prosperara la investigación de las irregularidades por él cometidas. "De hecho, antes de que saliera toda la historia, él vino a mi despacho para tratar de chantajearme", asegura Mikel Gotzon Santamaría.

A la vista de que Alfonso Cano ha admitido públicamente ser el

autor del informe, la fiscalía estudia reabrir la querella presentada por el alcalde Odón Elorza y archivada por 'Talta de autor conocido". Entre otras afirmaciones sustentadas en fuentes innominadas, enel informe se señala que, "según diversas referencias e informaciones", Odón Elorza se halla "implicado" en contrabando de oro.

Quienes mantienen la tesis de la infiltración, entre ellos varios dirigentes del Partido Popular vasco, adjudican el mismo móvil, taponar la investigación de las redes de narcotráfico, a los atentados contra José Antonio Santamaría, José Manuel Olarte, Alfonso Morcillo, Gregorío Ordóñez, el brigada Mariano de Juan y el comisario Enrique Nieto, aislando el hecho de que todos podían entrar en la lógica terrorista. El único caso que suscita alguna incógnita, dado que ETA no acostumbra a atentar contra giardias municipales, aunquealgunos hayan caído bajo sus balas, es la muerte del sargento Alfonso Morcillo.

En su comunicado de reivindicación de ese asesinato, la organización terrorista ETA afirmaba que Morcillo era el jefe de un grupo de guardias municipales conectados con el cuartel de la Guardia Civil situado en Intxaurrondo y le consideraba "colaborador" del responsable de la 513 Comandancia, el coronel Enrique Rodríguez Galindo.

Ciertamente, el sargento Morcillo se relacionaba con agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) porque entre sus cometidos profesionales habituales figuraba recabar información de estos cuerpos sobre la titularidad de los vehículos o los antecedentes penales de los sospechosos. De manera regular recibía, de hecho, a miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, en su despacho de la Guardia Municipal de San Sebastián, según afirma el jefe de la Guardia Municipal de San Sebastián, Milcel Gotzon Santamaría.

Que se sepa, tampoco el PNV, que lleva muchos meses apuntando con todas sus baterías al cuartel de la Guardia Civil ubicado en Inuaurrondo, ha sustentado hasta el momento con datos fehacientes su teoría de que es ahí donde hay que buscar la explicación de los últimos asesinatos de la organización terrorista ETA en San Sebastián.