Entre los indicios y las pruebas
J. L. B. Siete años después de su redacción, lo que está probado judicialmente del informe Navajas es un delito de cohecho, el soborno del contrabandista Pedro Luis Migueliz, Chofo, al entonces sargento de la Guardia Civil hoy expulsado del cuerpo Enrique Dorado Villalobos. El caso fue juzgado en abril del pasado año, y la sentencia de la Audiencia Provincial estableció para ellos sendas penas de cuatro meses de arresto. Pedro Luis Migueliz pertenecía al grupo de contrabandistas que lideraba el ex jugador de la Real Sociedad y propietario de la discoteca KU José Antonio Santamaría, y con seguridad este último habría sido sometido también al juicio del tribunal si antes no hubiera sido asesinado por ETA.
El sargento Dorado Villalobos, condenado con anterioridad por torturas y robo, formó parte de las unidades del Servicio de Información que el coronel Galindo dirige en el acuartelamiento donostiarra de Intxaurrondo.
Frente a quienes a la vista de tan magros resultados sostienen que las diligencias abiertas por el fiscal Luis Navajas eran "humo de pajas", fruto de "interesadas confidencias de narcotraficantes", de una "conspiración interna" librada en el seno de la Guardia Civil, pasan por alto el paréntesis inicial de año y medio en el que el famoso informe permaneció en el cajón de: la Fiscalía General del Estado, la posterior filtración, el boicoteo de la investigación judicial finalmente emprendida en 1991 y las aportaciones, en algún caso decisivas, a otros sumarios. Pasan por alto que el seguimiento a uno de los 31 sospechosos, 13 de ellos guardias civiles, citados en el informe Navajas puso a los investigadores tras la pista del teniente de la Guardia Civil Andrés Palomino y que éste les condujo a la red de narcotráfico desmantelada en Andalucía en la Operación Pitón.
Se sabe, porque así figura en su propio informe, que el fiscal jefe de San Sebastián, Luis Navajas, dio crédito a los confidentes que denunciaron la corrupción policial inicialmente ante el capitán Juan Miguel Castañeda y el guardia Garcilaso Casado y posteriormente ante él mismo. "Entiendo", escribió, "que la coincidencia fundamental de los datos que nos iban suministrando responde no a su previa puesta de acuerdo, sino a la realidad de una situación existente".
Aunque en la mayoría de los casos los indicios no han llegado a convertirse en pruebas, hoy parece suficientemente acreditado que en la 513 Comandancia de Guipúzcoa existió, como dicen los informes internos de la Guardia Civil, "un foco de corrupción".
Queda por delimitar la extensión de ese foco y por confirmar incluso la naturaleza misma de esas redes conectadas con miembros de las FSE, ya que las actividades de narcotráfico que se insinúan abiertamente en el informe Navajas, asociadas a las más evidentes de contrabando de tabaco, no han aflorado a lo largo de estos años de investigación. Según Luis Navajas, el "contrainforme" de la Guardia Civil que sirvió de base a las diligencias instruidas por el juez de la Audiencia de San Sebastián Fernando Andreu "sólo desmonta un 5% de lo que yo decía en mi informe y confirma y asevera gran parte de su contenido".
El caso es que la prolongada intervención de los teléfonos de una treintena de sospechosos durante la investigación practicada por el juez Andreu desde el año 1991 a 1993 no dio resultado alguno en el terreno del narcotráfico. Claro que los sospechosos estaban ya alertados por la filtración y algunos disponían incluso de una copia del propio informe Navajas. A eso hay que añadir el boicoteo a la investigación del juez Andreu llevado a cabo por miembros de la Guardia Civil en la denominada Operación Arca de Noé.
Fernando Andreu optó por el archivo cuando la situación empezaba a semejarse a una película de los hermanos Marx. "Los guardias civiles que seguían a los guardias civiles sospechosos eran seguidos a su vez por otros guardias civiles. Los sospechosos se pasaban la información de que sus investigadores estaban de camino antes incluso de que éstos salieran de Madrid", han señalado fuentes judiciales.
Es un hecho que durante anos determinadas redes de contrabandistas contaron con la complicidad de miembros de la Guardia Civil. Eso resultó clamoroso a ojos de algunas policías municipales y de vecinos que denunciaban la aparente impunidad con que actuaban los contrabandistas. En cierta ocasión, una vecina de Orio (Guipúzcoa) residente en un caserío remoto comentó con sorna a un periodista sobre lo aislado del paraje y la tranquilidad reinante en el entorno: "¿Tranquilidad aquí? Pues no sabe usted cómo se pone estos por las noches, con todo el tráfico de los camiones de los contrabandistas que no nos deja dormir
Algunas de las personas que han participado en la descarga de tabaco en la provincia pueden dar fe de la presencia ocasional en esas tareas de los característicos pantalones de la Guardia Civil. Lo curioso es la implicación en esas actividades de elementos dedicados a la lucha antiterrorista como el ex sargento Dorado Villalobos y otros contra los que los jueces no han logrado reunir pruebas suficientes.
A falta de una explicación definitiva, surge así la hipótesis, barajada de hecho por los investigadores, que apunta a una pasada colaboración antiterrorista entre esas redes de contrabando y la 513 Comandancia de la Guardia Civil, bien porque las primeras facilitaran información o cobertura a cambio de impunidad, bien porque parte del dinero se destinara a la lucha contra ETA como se ha apuntado en un informe interno de la Guardia Civil.
