El Poder Judicial critica la Ley Penal Juvenil por represiva e imprevisora
El pleno del CGPJ aplaza el informe sobre ley, que exige medios para su eficacia
El pleno del Consejo General del Poder, Judicial (CGPJ) acordó ayer aplazar el varapalo jurídico al anteproyecto de Ley Orgánica Penal Juvenil y del Menor, en forma de informe al texto remitido. por el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch. El proyecto de informe critica el carácter represivo de la futura ley, con penas de privación de libertad de hasta 10 años, y la ausencia de dotaciones de infraestructura y de medios materiales y personales, para su eficacia.
El proyecto de informe elaborado por la Comisión de Estudios e Informes del CGPJ, obligatorio pero no vinculante para el Gobierno y pospuesto por el pleno de ayer para la sesión del próximo 25 de julio, se ha enriquecido, con las opiniones de los jueces de menores de las comunidades autónomas, convocados por el CGPJ el pasado día 5. El ponente del informe, de 51 folios, es el abogado Rafael Sarazá, vocal del CGPJ propuesto por IU.El proyecto de informe recuerda que el origen del anteproyecto, sometido a informe (véase EL PAÍS del 7 de mayo último) es la elevación de la edad penal de 1,6 a 18 años en el futuro Código Penal y una resolución parlamentaria del 10 de mayo de 1994 que pidió una ley "que contemple la exigencia de responsabilidad a los jóvenes infractores que no hayan alcanzado la mayoría de edad penal, exigencia que ha de estar fundada en principios orientados hacia la reeducación de los menores de edad infractores, de acuerdo con sus circunstancias personales, familiares y sociale".A la vista de estos parámetros, el CGPJ señala que la reacción social frente a la delincuencia juvenil "no debe ser de castigo, sino de integración educadora". En cambio, la futura ley dice que las conductas delictivas "se castigarán", y equipara la integración del joven y el menor en la sociedad con "el restablecimiento del órde.n'jurídico". El informe reprocha también que se aplique la agravante de reincidencia y que "la gravedad y naturaleza del hecho cometido", junto a las características subjetivas del menor, pueda llevar a la agravación de la medida de privación de libertad hasta 10 años de encierro.
Frente a la filosofía represiva de la pena juvenil y las medidas disciplinarias (véase cuadro adjunto), el CGPJ indica que "la ley proyectada no debería pretender sancionar la responsabilidad penal del menor con una pena o medida proporcional, sino ayudarle a asumir la responsabilidad personal, que consiste en ser dueño de sus propios actos y decisiones, y que es, por, tanto, materia propia de una política educadora y desarrolladora de la personalidad". De ahí que considere "lo más positivo del anteproyecto" las amplias posibilidades de suspensión o sustitución de unas medidas por otras, aunque echa de menos una mejor ponderación por el juez de los informes psicológicos y técnicos.
EI CGPJ advierte que la mención a la culpabilidad de los menores conduce a que, "en lugar de retrasar la mayoría de edad penal a los 18 años, en realidad se esté adelantando a los 13 años". Critica que la reprensión por el juez sea pública; considera la inhabilitación demasiado rigurosa; la multa, distorsionadora, "dado el escaso patrimonio del menor", y no justificada la extensión mínima de 30 horas de servicios para la comunidad.
Según el proyecto de informe, es ineludible para la eficacia de la ley "un importante esfuerzo inversor (...), cuyo coste no aparece estimado en la documentación que acompaña al anteproyecto", lo cual impedirá reinsertar al joven infractor. Señala que así ocurrirá si los jóvenes tienen que cumplir sus arrestos en centros penitenciarios de adultos hasta tanto se creen los centros para jóvenes, sobre los que echa de menos en la ley "precisiones mucho más detalladas".
El informe del CGPJ asegura que la futura ley requiere jueces especializados, establecimientos apropiados, fiscales y defensores con preparación adecuada. Según el diputado de IU Diego López Garrido, el ministro Belloch se ha comprometido a consensuar la ley en el Parlamento para que supere esas y otras carencias
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