Roldán, procesado por seis delitos

Luis RoIdán Ibáñez, de 51 años, ex director de la Guardia Civil y prófugo durante 105 días, fue procesado ayer por la magisrada Ana Ferrer, titular del Juzgado 16 le Madrid, junto a otras 13 personas, entre ellas su esposa, Blanca Rodríguez-Porto, y su testaferro, Jorge Esparza. Á pesar de las expectativas que los falsos papeles de Laos crearon sobre la hipotética limitación de los delitos, la resolución niega que se haya producido ninguna extradición en la entrega voluntaria del ex prófugo y le atribuye los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, estafa, prevaricación, cohecho, falsedad y contra la Hacienda, cuyas penas máximas podrían alcanzar globalmente los 41 años de cárcel. El dinero desviado asciende a 1.187 millones -352,4 en fondos reservados, 728,4 en comisiones y 106 en estafas- y el defraudado a Hacienda, a 815 millones. En un auto de 76 folios, la juez le impone una fianza de 1.500 millones.

La investigación judicial permitirá ampliar el procesamiento, pero el deseo de no prolongar la privación de libertad provisional de Roldán y la existencia de indicios para procesarle, han inducido a la magistrada a adelantar la resolución, sin esperar al resultado de algunas de las comisiones rogatorias solicitadas a Suiza, según fuentes de la investigación. Desde que tomó posesión de la dirección de la Guardia Civil, el 4 de noviembre de 1986, hasta que cesó a petición propia el 7 de diciembre de 1993, Roldán, "con la finalidad de incrementar su patrimonio ilícitamente", dice categóricamente la magistrada, "incorporó a éste fondos públicos de los que disponia por razón de su cargo y destinados a gastos reservados, así como cantidades procedentes de dádivas obtenidas en forma de comisiones abonadas por aquellos contratistas que resultaban agraciados por la concesión de obras".

Los hechos recogidos en el auto de procesamiento se refieren a la etapa comprendida entre noviembre de 1986 y octubre de 1991, momento a partir del cual la exigencia de que los cheques procedentes de los fondos reservados fueran nominativos hicieron más compleja la realización de la malversación de caudales públicos e igualmente su investigación.

En todo caso, indicios existentes permiten considerar acreditado que, en el periodo indicado, Roldán "hizo suyas ( ... ) al menos 352.365.000 pesetas" procedentes de los fondos reservados, cantidad que "desborda", dice la juez, "toda previsión de lo que, razonablemente pudieran considerarse sobresueldos".

Habrá nuevos indicios

La resolución señala que el importe acreditado documentalmente de las comisiones pagadas por las constructoras en ese periodo asciende a 728.426.095 pesetas. La investigación en marcha, y en especial las comisiones rogatorias solicitadas a Suiza, ofrecerán muy probablemente nuevos indicios de las rutas todavía no averiguadas que siguieron los importes obtenidos de los empresarios "agraciados" -la resolución repite el término- con las concesiones a dedo de contratas, saltándose la reglamentación vigente. El procesamiento será probablemente ampliado cuando se conozcan tales datos. Las conductas que incurren en malversación se refieren a cantidades procedentes de los fondos reservados, en forma de cheques del BBV, que son cambiados por otros y que terminan en cuentas de Roldán. Los delitos de cohecho también se cometen mediante las comisiones cobradas a los contratistas que, tras un itinerario que genera facturas o destinatarios falsos, terminan en alguna cuenta de Roldán.

Por otra parte, los más de 815 millones de pesetas de cuota defraudada a la Hacienda pública por Roldán cuentan con el respaldo del informe emitido por los peritos asignados a la investigación judicial, tras analizar sus incrementos de patrimonio y comprobar las declaraciones de la renta realizadas.

La juez Ferrer precisa que Ias cifras incorporadas a dicho informe revisten el carácter de mínimos, ya que no se han tomado en cuenta", señala, "los cheques bancarios y otros medios de pago de los que en este momento no se posee una completa información que permita concretar los incrementos de las bases imponibles derivados de los mismos.

Tampoco incorpora la resolución judicial los rendimientos e incrementos ubicados en la sociedad instrumental Europe Capital, y que "por tratarse de una sociedad interpuesta, utilizada por Luis Roldán para la mera tenencia y ocultación del patrimonio obtenido de su ilícita actividad, deben incorporarse en el impuesto sobre la renta de éste".

En consecuencia, las cuotas defraudadas definitivas "necesariamente se verán incrementadas". Mientras tanto, la resolución atribuye a Roldán cinco delitos contra la Hacienda Pública, aún teniendo en cuenta que el tope mínimo para que haya delito se ha elevado de cinco a 15 millones.

Una de las conductas más graves de las que han motivado el procesamiento de Roldán es la que muestra, al menos de forma indiciaria, la utilización del temor al terrorismo de ETA como procedimiento para el lucro personal.

Terrorismo como lucro

La juez relata que "con idéntica finalidad de enriquecimiento ilícito, Luis Roldán Ibáñez, aprovechando la angustiosa situación en la que se encontraban Enrique Aldama y Miñón -presidente de la constructora Lain, SA- y José Luis García Villalba González -consejero delegado de la Sociedad General de Obras y Construcciones (Obrascon)-, como consecuencia de las amenazas recibidas de la organización terrorista ETA por su participación en la construcción de la autovía de Leizarán ( ... ) consiguió el pago por parte de Lain, SA de al menos 44.879.500 pesetas y de al menos 61.150.000 pesetas por parte de Obrascon". Para ello, Roldán fingió proporcionar a las citadas compañías y a su personal "una mayor seguridad a través de la organización de un supuesto servicio de contravigilancia que realizarían con su intermediación terceras personas ajenas a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado". Tal estrategia delictiva, procediendo del máximo responsable de la Guardia Civil, es considerada "especialmente sangrante" por fuentes de la investigación.