Sembrar denuncias, recoger imputaciones

Roldán ha comparecido en cuatro meses ante jueces de la plaza de Castilla, la Audiencia Nacional y el Supremo

Desde su traslado a España desde Tailandia, el ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, ha multiplicado su presencia por el territorio judicial hasta punto de haber conseguido en apenas cuatro meses comparecer ate magistrados de la plaza de astilla, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo.La causa principal, por enriquecimiento ilícito, que investiga la juez de instrucción número 16, Ana Ferrer, es curiosamente la única en que Roldán no ha que-

do abrir la boca.

Pasó por el juzgado nada má llegar a España. Pero, al caer en la cuenta de que su entrega supuestamente condicionada a ser procesado tan sólo por los delitos de malversación y cohecho -con lo que no estaría en la cárcel más de seis años- no iba a ser aceptada, cambió de estrategia y comenzó a denunciar a sus compañeros.

Su llegada a Madrid, el 27 de ebrero, dio pie a la apertura de la causa conocida como los papeles de Laos, sobre la que el Tribunal Supremo tiene que pronunziarse el próximo jueves, día 13. -La supuesta falsificación de los documentos de entrega degeneró en un enrevesado procedimiento partido en dos.

De un lado, el juez BaltasarGarzón mantiene que la competencia es suya por tratarse de un delito cometido por un español, el intermediario Francisco Paesa, en el extranjero y considera a Roldán víctima del mismo.De otro, la Junta de Fiscales, la Audiencia Provincial y la juez de instrucción número 11, María Tardón, entienden que la causa es competencia de esta última al tratarse de un delito urdido para surtir efecto en España. Al contrario que Garzón, Tardón ha imputado a Roldán uno de falsedad.La Abogacía del Estado sostiene que la eventual falsificacióndocumental no sería más que un incidente dentro del pt oceso principal, lo que debería ser resuelto por la juez natural del caso, Ferrer.

A última hora, la irrupción de un camboyano, Chea Sambo, que se confiesa autor de lasmanipulaciones y pretende declarar ante Ferrer deja aún más en el alero el asunto de la competencia.La comparecencia de Roldán ante Garzón el pasado 8 de marzo propició su inculpación en el secuestro de Segundo Marey por los GAL al haberse inhibido en el paso de la frontera francesa de la víctima. Pero Roldán aprovechó entonces para presentar a Garzón una extensa denuncia contra sus superiores del Ministerio del Interior, a los que acusóde corrupción en el manejo de los fondos reservados.

También acusó al ex vicepresidente, Narcís Serra, y el ex ministro de Defensa, Julián García Vargas, de haber encargado a la agencia norteamericana Kroll el informe Crillon sobre las actividades de Mario Conde, ex presiz dente de Banesto, por el que se habrían pagado 67 millones de pesetas con los fondos del Cesid.

La denuncia, remitida por Garzón al Tribunal Supremo, fue dividida en dos. La Sala Segunda se reservó la instrucción del caso Crillon, en la que designó como instructor al magistrado Eduardo Moner, y remitió el caso de losfondos reservados a la jurisdicción ordinaria, en la que correspondió por reparto a la juez de instrucción numero 43, María Jesús Coronado.

Roldán figura, por el momento, como único inculpado en el caso Crillon pese a los esfuerzos del fiscal, Luis Benéytez, para inculpar en dicho procedimiento tanto a Serra como a García Vargas. Rechazada su pretensión por Moner, la queja de Benéytez está pendiente de lo que resuelva el Supremo.

En los juzgados de la plaza de Castilla, Coronado también considera a Roldán inculpado en el delito de malversación de caudales que él mismo atribuyó a sus compañeros. El ex director de la Guardia Civil reconoce haberse beneficiado de unos 400 millones de pesetas procedentes de los fondos reservados y la juez, que tiene en su poder centenares de talones con los que se efectuaron dichos pagos, continúa llamando a declarar a todos los que consta, que los cobraron o fueron denunciados por él.

Roldán sigue concienzudamente dedicado a cumplir su amenaza de tirar de la manta. Las fotocopias de dos cheques entregados a Garzón permitieron que el juez rastrease las cuentas del ex director general dé Seguridad, Julián Sancristóbal, hasta una sucursal de Induban en Jerez por la que pasaron alrededor de 140 millones de pesetas de dudosa procedencia.