El superintendente de la Guardia Urbana de Barcelona, acusado de un delito de falsificación

Julián Delgado, superintendente de la Guardia Urbana de Barcelona, presentó ayer la dimisión de su cargo al alcalde Pasqual Maragall. Éste, tras agradecerle los servicios prestados, se la aceptó inmediatamente. Delgado, máximo cargo técnico de la policía local en los últimos 13 años, fue detenido el miércoles por agentes del Cuerpo Nacional dePolicía acusado de un delito de falsificación de documento público por el que fueron detenidas otras tres personas. Tras declarar ante la policía, fue puesto en libertad condicional.

Fue una de tantas investigaciones rutinarias. Casi por casualidad, agentes de asuntos internos del Cuerpo Nacional de Policía investigaban una falsificación de documentos que servían para regular la situación de extranjeros. En esta operación había fundados indicios de que participaba un policía de los suyos. En estas estaban cuando dieron de bruces con Julián Delgado.En la presunta trama falsificadora de documentos para extranjeros sí estaba supuestamente comprometido José Ramón Orris, un personaje conocido de la policía por sus antecedentes por estafa y falsificación y socio de despacho de Alberto Royuela, conocido subastero de los juzgados de la Audiencia de Barcelona y notorio militante ultraderechista. Oms y Royuela, subasteros como el tercer detenido, Onofre. Messeguer, tienen un despacho conjunto en el que desarrollan sus actividades en el sector inmobiliario.

Royuela -condenado a un año de cárcel en 1992 por un delito de falsedad en una de las subastas judiciales- y el jefe de la Guardia Urbana de Barcelona son amigos, y la policía descubrió durante su investigación múltiples contactos y pequeños favores del policía al subastero.

En un momento determinado, Royuela pidió a Delgado que le sacara una hoja del archivo del padrón municipal en la que figuran los datos y la firma de una mujer ya fallecida. Supuestamente, Royuela, Oms y Onofre Messeguer, los integrantes de la misma trama, utilizan la firma de la fallecida para falsificar datos e intentar apropiarse del legado testamental de la muerta, cifrado en unos 50 millones de pesetas.

La investigación de los agentes de asuntos internos del Cuerpo Nacional de Policía, tutelada y escrupulosamente y dirigida en todo momento por el juez del caso, apunta a que Delgado no era conocedor de la verdadera finalidad de su acción y a que fue utilizado por los tres detenidos en provecho de éstos. Pese a este desconocimiento, legalmente Julián Delgado está acusado de ser autor de la falsificación, ya que es considerado por la policía cooperador necesario para la comisión del frustrado delito. Es decir, sin la aportación a los tres subasteros la falsificación del documento notarial no se podía cometer.

Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona se limitaron ayer a comunicar que Pasqual Maragall había aceptado la dimisión de Delgado y se negaron a comentar los hechos y a hacer ninguna valoración política de los mismos. Fue el propio superintendente de la Policía Local el que comunicó por teléfono a Maragall -el alcalde se encontraba ayer de viaje oficial en Dublín (Irlanda)- su dimisión irrevocable.

La presencia en el caso de un personaje conflictivo como el ultraderechista Royuela preocupa e incomoda al consistorio barcelonés. Así se expresaron ayer personas próximas al Ayuntamiento. Su vinculación con Royuela deja, además, sin argumentos al ex superintendente a la hora de plantear su continuidad hasta el esclarecimiento de los hechos.