"El código penal de un gobierno ha pasado a serlo de un Parlamento"

Diego López Garrido, de 47 años, padre de cuatro hijos y diputado número dos por Madrid en la lista de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya (IU-IC) en las elecciones de 1993, afirma con orgullo, al día siguiente de la aprobación por el pleno del Congreso de los Diputados del llamado Código Penal de la democracia, con la abstención del PP: "Ha pasado de ser el Código Penal de un Gobierno a serlo de un Parlamento".Catedrático de Derecho Constitucional y economista, asesorado por penalistas de prestigio, López Garrido ha sido la voz dialogante de IU-IC que en ponencia, comisión y pleno ha conseguido la aprobación de un número tan abultado de enmiendas que es incapaz de cuantificar.

Pregunta.

Ahora pasa al Senado y lo pierde de vista .

Respuesva. He llegado a un compromiso con el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, para seguir discutiendo. Hay muchas cosas que mejorar.

P. ¿Por ejemplo?

R. El cumplimiento íntegro de las penas no está bien solucionado, porque hay que proteger siempre la reinserción social. Aunque se considere que hay que penalizar más los delitos muy graves -narcotráfico, terrorismo y violación-, no pueden hacerse desaparecer los beneficios penitenciarios, instrumento básico de reinserción social. Y habrá que consensuar la Ley Penal Juvenil, muy represiva por el momento.

P. ¿Por qué califica usted a este código de progresista?

R. Porque se inspira en los valores constitucionales. En concreto, establece un sistema de penas moderno y adecuado a las necesidades de la sociedad española. La pena de prisión deja de ser la protagonista y las penas cortas -de seis meses a dos años- pueden suspenderse o sustituirse por arrestos de fin de semana o trabajos en beneficio de la comunidad. En el caso de los toxicómanos pueden suspenderse las penas de cárcel de hasta tres años, a cambio de que el condenado se someta a deshabituación. Son penas resocializadoras, como quiere la Constitución. Y los nuevos delitos protegen la libertad y atacan la corrupción pública y privada, entre otras muchas novedades.

P. IU-IC ha votado en contra de los preceptos sobre la insumisión. ¿Por qué?

R. Porque se aborda una cuestión social, ideológica y política con el arma tosca del Derecho penal. Aunque ahora los insumisos puedan no entrar en la cárcel, la inhabilitación ya es una pena dura y que discrimina a los jóvenes que tienen menos medios económicos y necesitan subvenciones o becas. Además, contradice el sentido resocializador de las penas del código.

P. Algunos juristas creen que el afán penalizador no soluciona los conflictos.

R. Uno de los enfoques de nuestras enmiendas ha sido que el derecho penal es subsidiario y por eso hemos tratado de sacar del Código Penal el máximo de conductas: insumisión, eutanasia, desacatos, delitos relacionados con la libertad de expresión... La pena no soluciona el conflicto y, cuanto mayor sea la pena de cárcel, menor será la resocialización.

También es verdad que el sistema penal es un mal necesario y que siguen siendo válidos otros objetivos de la pena, como la prevención y el castigo, aunque nosotros ponemos a éste en último lugar, al revés que el PP.

P. ¿Qué le parece la imagen del hemiciclo semivacío?

R. No significa necesariamente falta de interés de los diputados, que pueden seguir el debate desde sus despachos. Me preocupa más el desinterés real de la clase política y de muchos medios de comunicación social, olvidados, salvo honrosas excepciones, de la elaboración del Código Penal, que afecta directamente a la vida de las personas.

P. ¿Asume toda IU-IC su postura política colaboradora?

R. Sí, absolutamente. Siempre que el PSOE adopte posturas progresistas, encontrará nuestra colaboración. El Código Penal ha sido un caso paradigmático de ello. Ha tenido la virtud de poner de manifiesto en la votación global del proyecto de ley que la línea divisoria natural e ideológica de la política española está entre las fuerzas conservadoras, con el PP a la cabeza, y las progresistas.