La corrupción, en el punto de mira de los legisladores

Para abrir boca, la maratoniana última sesión plenaria sobre el Código Penal -en la que se aprobaron 265 artículos, además de las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales- se inició por la mañana con la discusión de los preceptos sobre los delitos de falsedades y contra la Administración. Buena parte de ellos pretende atajar la corrupción, sobre la que el socialista Álvaro Cuesta declaró: "Ante nuevas conductas, nuevos tipos penales. No puede haber libertad y democracia con corrupción". El diputado del PSOE añadió que, además de las vías penales, "es necesaria la prevención y la cultura contra la corrupción para que ésta no mediatice la vida política, porque traficar políticamente con la corrupción es también incurrir en ella".

Antonio Pillado, del PP, contrapuso "el tanto socialista en favor de la lucha contra la corrupción" con el rechazo de algunas enmiendas de su grupo. Entre ellas, Pillado señaló la propuesta de que en el cohecho se castigue no sólo al funcionario que recibe una dádiva para realizar un acto injusto, sino también al que la recibe para abstenerse, así como la prevaricación por omisión o el uso de inmuebles para fines privados, en alusión al caso Juan Guerra.

Recordatorio al PP

Cuesta contestó que el PP, se había equivocado de Código Penal, porque muchas de tales conductas están ya previstas en la actual legislación y le recordó que el artículo 412 castiga con hasta tres años de cárcel y seis de inhabilitación al funcionario que, "con ánimo de lucro, diese una aplicación privada a bienes muebles o inmuebles, pertenecientes a cualquier administración" pública.

Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya (IU-IC), en su última oportunidad para colocar enmiendas comenzó bien la jornada. En defensa del ejercicio del derecho fundamental a la huelga, "difícilmente deslindable del abandono colectivo de un servicio público", explicó Diego López Garrido, logró introducir -con el voto en contra del PP- la exigencia de que el abandono colectivo e ilegal de un servicio público, para ser delito, tenga que ser "maliciosamente ilegal".

Respecto a los delitos contra la corrupción, López Garrido se felicitó de la introducción del castigo a la tentativa de uso de información privilegiada o aprovechamiento de la posición de funcionario.

IU-IC consiguió la aprobación de otras enmiendas, por las que el delito de falso testimonio se amplía también al cometido ante una comisión parlamentaria. Asimismo se suprimió la equiparación, a efectos de pena, de los encubridores y los autores de los delitos cometidos contra la Administración de Justicia.