El Gobierno tendrá que desvelar al Parlamento en octubre qué empresas publicas piensa privatizar

Por activa o por pasiva, el Gobierno tendrá que informar al Parlamento en el plazo tres meses de las empresas públicas que piensa privatizar. CiU arrancó ayer este compromiso al grupo socialista del Congreso, por el que se "insta" al Gobierno a "determinar" qué empresas requieren "la continuidad del accionista público". El resto serían las totalmente privatizables. El Gobierno tendrá también que liberalizar telecomunicaciones, transporte y energía.

A pesar de que el tenso debate del día anterior sobre la empresa pública auguraba pocos compromisos, el Grupo Socialista facilitó ayer un relativo consenso. Presentó 12 enmiendas transaccionales a otras tantas de CiU -la mayoría-, PNV y Grupo Mixto y Coalición Canaria, que fueron aprobadas. IU consiguió que prosperara sólo la menos comprometida de sus propuestas y el PP, ninguna. El PSOE se abstuvo así de echar más leña al fuego a sus deterioradas relaciones con CiU, aunque sin perder de vista que el Gobierno no suele cumplir puntualmente las resoluciones del Parlamento.La voluntad política es, en cualquier caso, que el Gobierno presente en el plazo de tres meses "un plan que contenga la determinación de aquellas empresas públicas que, por razones estratégicas de servicio público, económicas o sociales requieran la continuidad del accionista público". Estas empresas, pues, no se privatizarán o sólo lo harán parcialmente. Las que no figuran en la lista serían las que el Gobierno tiene en mente poner a la venta. Pero no tiene porqué decir cuándo ni cómo.

Para las empresas que no se vendan y en aquellos casos que se estime "oportuno", el Parlamento propone al Gobierno que privatice su gestión mediante un operador privado. Lo que se pide al Gobierno, en cualquier caso, es que "se abstenga" de adquirir empresas privadas en dificultades -recordados los casos de Rumasa e Intelhorce- y también que el sector público no se instale en sectores con iniciativa privada suficiente.

Otra petición es que el Gobierno reduzca progresivamente las subvenciones y transferencias de capital a las empresas públicas con pérdidas estructurales. Además, que la concesión de ayudas, avales o subvenciones a estas empresas esté condicionado a la existencia de un plan de saneamiento que se cumpla.

El Gobierno debe también garantizar la participación de las comunidades autónimas en la gestión de las empresas públicas allí donde se ubique su actividad principal. Igualmente, deberá remitir a Las Cortes las cuentas de resultados de las empresas públicas y promover la liberalización de los sectores de transportes, telecomunicaciones y energía. El Congreso votó también a favor de una propuesta del PNV y el Grupo Vasco para que se "profesionalicen" los consejos de administración de las empresas públicas.