Manglano atribuye a Perote las normas de actuación del gabinete que hizo las escuchas ilegales del Cesid

El documento interno del Cesid en el que se recogen las normas de funcionamiento del Gabinete de Escuchas, desde el que se realizaron las grabaciones de conversaciones privadas, no es un texto oficial, sino un proyecto elaborado por el ex jefe de la Agrupación Operativa, el coronel Juan Al berto Perote, según el director dimisionario del servicio secreto, Emilio Alonso Manglano, quien ayer declaró como inculpado ante la juez María Jesús Coronado.

Manglano y Perote comparecieron ante la titular del juzgado de instrucción número 43 de Madrid, que instruye las diligencias abiertas tras la querella presentada por el director de la revista. Epoca, Jaime Campmany, por un supuesto delito de interceptación de comunicaciones.El coronel en la reserva Juan Alberto Perote Pellón, procesado por el juez togado militar central por filtrar supuestamente mente al diario El Mundo documentos secretos del Cesid, se acogió a su derecho constitucional a no declarar. Su abogado, Jesús Santaella, explicó que su Cliente está "sorprendido" de tener que defenderse ante dos juzgados distintos por los mismos hechos y afirmó que no declarará hasta que no se aclare cuál es la jurisdicción competente para conocerlos, la civil o la militar.

Diez minutos declarando

La declaración de Perote sólo duró diez minutos, suficiente para que la juez le informase de los cargos que se le imputan y para que éste se negara a prestar -declaración. A las 17.40 de la tarde, el coronel abandonó los juzgados de- la Plaza- de Castilla en un furgón policial que le condujo de regreso a la cárcel militar de Alcalá de Henares, donde cumple prisión preventiva.Perote llegó al juzgado a las 11.15, pero su declaración se aplazó hasta las 16.30, ya que la juez Coronado estaba tomando declaración a dos testigos. Aunque no se reveló su identidad, uno de ellos sería supuestamente el comandante José Manuel Navarro Benavente, responsable ,del Gabinete de Escuchas del Cesid hasta su expulsión del centro en enero de 1993.

Durante el tiempo que permaneció en los juzgados, Perote estuvo separado de los demás presos y la juez decana de Madrid, Manuela Carmena, ordenó que se impidiera acceder al edificio a los representantes de medios de comunicación. Su decisión provocó airadas protestas, al tratarse de un local público al que entran diariamente miles de personas. Algunos periodistas que consiguieron sortear la prohibición fueron conducidos a la calle por la Guardia Civil.

El abogado de Perote, que lo es también de la Asociación de la Prensa de Madrid, se felicitó (le estas medidas, que atribuyó a la "sensibilidad" del decanato para evitar "espectáculos bochornosos".

Por su parte, Emilio Alonso Manglano llegó al juzgado a las 17.20 y lo abandonó a las 21.40. El director del Cesid entró directamente al garaje del edificio en su vehículo, por lo que los periodistas apenas lo vieroni Manglano ya declaró la pasada semana ante el fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, quien propuso que se le imponga una fianza de un millón de pesetas como presunto autor de un delito de escuchas ilegales.

El director del Cesid reconoce que autorizó la puesta en marcha del Gabinete de Escuchas, pero asegura que se vulneraron sus instrucciones de que se grabaran sólo las conversaciones de interés para el servicio y se, destruyeran automáticamente las demás.

Según Manglano, el texto sobre el funcionamiento del Gabinete de Escuchas, que ha sido difundido por El Mundo, no es un documento oficial sino un proyecto elaborado por el propio coronel Perote que éste le presentó el 23 de mayo de 1984. En dicho documento, de cinco folios, se afirma que los usuarios de los teléfonos móviles, cuyas conversaciones se pretende interceptar, pertenecen "al mundo de las altas finanzas, de la banca, de la política, cuerpo diplomático, ministerios, prensa etc".

Precisamente el diario El Mundo publica hoy que un manual del Cesid, cuya confección atribuye al equipo de analistas de Manglano en 1984, autoriza a sus agentes a realizar escuchas legales o ilegales" y a violar la correspondencia y el domicilio de particulares para realizar pinchazos telefónicos. Según el citado rotativo, el manual ha permanecido vigente hasta hoy.

Por otra parte, el empresario José María Ruiz Mateos aseguré ayer en rueda de prensa que dispone de 49 cintas con conversaciones privadas grabadas legalmente, aunque se negó a explicar cómo las ha obtenido.

Para demostrarlo, Ruiz Mateos distribuyó una conversación y telefónica entre el juez Garzón y el ex ministro de Interior Antoni Asunción, que coincide con una de las difundidas el pasado fin de semana por Diario 16. Tanto el Cesid, al que inicialmente se atribuyeron, como la Policía, han negado cualquier relación con las escuchas ilegales al juez, informa Ángel Gutiérrez.