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Diferencias en Economía impiden nombrar un nuevo presidente del Tribunal de la Competencia

El ministro de Economía, Pedro Solbes, y el secretario de Estado de Economía, Alfredo Pastor, mantienen serias diferencias sobre el contenido e importancia política que debe atribuirse al Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC). Esta visión diferente de lo que debe ser el Tribunal es manifiesta desde el momento que Miguel Ángel Fernández Ordóñez dejó la presidencia del organismo dependiente de Economía para presidir la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico; la falta de entendimiento ha impedido el nombramiento de un nuevo presidente en los últimos tres meses.

Juan Manuel Eguiagaray anunció oficialmente el pasado 23 de marzo que Miguel Ángel Fernández Ordóñez, presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia entonces, sería propuesto como presidente de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. El Consejo de Ministros del 31 de marzo efectuaba el nombramiento. Desde entonces, el Ministerio de Economía ha sido incapaz de cerrar la crisis del TDC, que todavía continúa sin presidente y, cuyo funcionamiento, según fuentes autorizadas, se deteriora rápidamente.La causa es la falta de acuerdo entre Pedro Solbes y Alfredo Pastor. El ministro y el secretario de Estado mantienen visiones antagónicas sobre la importancia de la competencia en el funcionamiento del sistema económico. Según las versiones recogidas por EL PAÍS, Solbes está convencido de los efectos beneficiosos de la competencia sobre el sistema. En línea con este convencimiento, el ministro es partidario de un Tribunal que tenga garra y prestancia política, cada vez más separado de la dependencia funcional de la Dirección General de la Competencia, que depende del Ministerio.

El propio sistema de relaciones entre el Tribunal y la Dirección General de la Competencia que establece la ley contribuye a minusvalorar el papel del TDC. La Dirección General es la que recibe las denuncias que se presentan antes de pasar al Tribunal. A su vez, el Tribunal propone al ministerio las sanciones cuando lo cree pertinente de acuerdo con la ley; el trámite final es que el ministerio, decide.

Alfredo Pastor defiende tesis que se aproximan más a la protección de las empresas, al cuidado del tejido industrial y, en consecuencia, considera que la defensa de sistemas de abierta competencia empresarial "no constituye prioridad". Pastor defiende, según estas versiones, un modelo de TDC de baja relevancia política y de orden más administrativo que independiente.

Esta concepción tan opuesta de lo que debe ser el TDC se refleja en el modelo de presidente que se propone para el Tribunal. Según las fuentes consultadas, Pastor descartó inicial mente la candidatura de Álvaro Espina, ex secretario de Estado de Industria, a la presidencia del Tribunal. A continuación, el secretario de Estado ha propuesto diversos nombres al ministro, la mayor parte de los cuales han sido rechazados por Solbes. Se trata en algunos casos de vocales del TDC, "con un perfil demasiado gris", en opinión de fuentes de Economía. En otros casos, la propuesta era prácticamente imposible; es el caso de la sugerencia de Guillermo de la Dehesa, cuya disposición personal a ocuparse del TDC es simplemente nula.

Camino largo

Así han transcurrido ya tres meses y el camino parece que va para largo. El secretario de Estado de Economía propone nombres para la presidencia del Tribunal que Solbes rechaza. Mientras tanto, el Tribunal se vacía de contenido. Es poco probable que la situación mejore inmediatamente porque, además, el TDC es un organismo escasamente atractivo para los profesionales que se mueven entre la política y la gestión económica. El sueldo del presidente, según las fuentes consultadas, asciende a 8,5 millones de pesetas anuales; sujeto, desde luego, a la incompatibidad más radical con cualquier otro puesto, cargo o empleo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 25 de junio de 1995

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