El PP acusa a González de mentir cínicamente para negar sus responsabilidades

La respuesta del PP a las explicaciones de Narcís Serra fue tajante. El número dos del Ejecutivo fue dejado a un lado por el secretario general de los populares, Francisco Alvarez Cascos, que apuntó a la cabeza, Felipe González, "un presidente del Gobierno cínico que miente con aplomo para negar la evidencia". Entre ovaciones de los diputados de su grupo, Alvarez Cascos se empleó a fondo contra el jefe del Ejecutivo y no dejó lugar a dudas: el responsable de las escuchas ilegales es Felipe González.

Consecuente con la idea de que el escándalo es "el más grave atentado contra los derechos constitucionales y libertades de los españoles" desde el 23-F, y convencido de que González y Serra "han autorizado, conocido y utilizado el trabajo de esta trama para centrolar a los ciudadanos", Alvarez Cascos no ahorró munición contra el jefe del Ejecutivo, al que acusó de "tancredismo político". "Se le ve el plumero a la legua; la verdad amenaza cada mañana con acabar con usted y usted no tiene otro afán que acabar con la verdad", dijo.Tras apartar a Serra de un manotazo dialéctico -"ha vende, a esta Cámara a tirar balones fuera"- el secretario general del PFI se cebó en los puntos débiles de la explicación oficial. Se preguntó cómo es posible que se conociera desde 1991 la sustracción de documentos atribuida al coronel Perote sin que nadie lo denunciara al juez militar hasta la semana pasada. Y se respondió: porque el presidente, "que estaba informado de todo, consentía los manejos de Serra, amparados en la impunidad del secreto", secreto garantizado por el silencio de Perote y retribuido con "la canongía de la jefatura de seguridad de Repsol, la primera empresa pública española".

La conclusión de Álvarez Cascos es que a González no le importa el robo o la malversación de fondos reservados ni el espionaje de los ciudadanos, incluido el jefe del Estado. "Lo único que les preocupa es que, a pesar de ser actividades que ustedes han ocultado y amparado en la impunidad de la Ley de Secretos Oficiales, los españoles nos hayamos, enterado", clamó.

Álvarez Cascos relacionó la acusación de impunidad con las frecuentes denuncias de espionaje telefónico y los tres debates en el Congreso sobre la misma cuestión (1988, 1991 y 1993) "sin otra consecuencia que el desinterés del Gobierno".

Según dijo, la reacción ante el escándalo "les delata [a González y Serra] y agrava las responsabilidades de su conducta". I os populares no entienden que, si se tiene voluntad de aclarar lo sucedido, se permita "que sean algunos de los investigados por practicar las escuchas ilegales quienes sigan en sus puestos, funciones y despachos investigándose a sí mismos, es decir, aprovechando la oportunidad de hacer desaparecer las pruebas documentales que permitieran esclarecer con imparcialidad todos los hechos".

Álvarez Cascos empezó asegurando que González ha hecho buena la frase de 1990 "dos por el precio de uno" y la ha personalizado "en las cabezas de dos vicepresidentes para salvar la suya". Recordó también el anuncio por los socialistas, en 1982, de una "pasada por la izquierda" y propuso a los españoles "una urgente pasada por la Constitución, para recuperar los valores de la justicia y de la libertad".

Después de considerar que la convocatoria de elecciones ha dejado de ser "una legítima propuesta política" para pasar a ser "una apremiante necesidad democrática", en la réplica a Serra calificó la situación de "desgobierno" y lanzó un llamamiento a los demás grupos "para buscar la salida que nos niegan González, Serra y sus compañeros".

José María Aznar, que asistió a la sesión pero no tomó la palabra, declaró posteriormente en los pasillos del Congreso que el Gobierno va "marchando a los sones de una marcha fúnebre".