Confirmado el procesamiento de Salanueva por el fraude del BOE
La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el auto por el cual la juez Ana Ferrer procesó a la ex directora del BOE Carmen Salanueva y a otras nueve personas por supuestas irregularidades en la compra de papel prensa para el diario oficial. El perjuicio para Hacienda alcanzó los 500 millones de pesetas.En el auto, recogido por Efe, la Sección Sexta de la Audiencia desestima los recursos de todos los procesados y de dos de las seis empresas suministradoras de papel declaradas responsables civiles subsidiarias por la juez Ferrer. La Sala acuerda que "una vez concluido el sumario, la instructora remita todo lo actuado al Tribunal de Cuentas, para depurar la responsabilidad contable en que hayan podido incurrir los funcionarios procesados".
Los procesados son Carmen Salanueva, el ex jefe de producción del BOE Julio Fernández, cinco suministradores de papel y tres intermediarios. Salanueva y Fernández están acusados de prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos y los demás por este último. Además, Salanueva y tres suministradores están también procesados por delitos de cohecho.
El Tribunal fundamenta que hay indicios de que "Salanueva y Julio Fernández se pusieron de acuerdo para llevar el control de la adquisición del papel". Destaca que "fijaron un precio mucho más elevado que el de mercado, solicitaron una clase de papel de características singulares para limitar la libre concurrencia y llamaban a las adjudicaciones a las mismas empresas, con las que existía un acuerdo, y luego Salanueva aprobaba la adjudicación".
Tres empresas
Para la Sala, "así se deduce del informe de la Intervención General, cuando indica que desde el 31 de marzo de 1989 hasta el 5 de abril de 1991 el papel se adjudicó a tres empresas (Toixima, Papelera Udalar y Papel-6)". Añade que "se tome en consideración cualquiera de los informes periciales de la causa, los precios que se abonaron fueron mucho más elevados que los de mercado".El auto explica que "como consecuencia de toda esta actuación, se abonaron 2.385,5 millones de pesetas entre el 30 de marzo de 1989 y el 31 de mayo de 1991, y teniendo en cuenta el precio real del mercado al que se podía haber adquirido el papel, resulta un perjuicio para Hacienda que indiciariamente aparece cuantificado en una cantidad superior a los 500 millones de pesetas".
La Sala recuerda que la juez ha razonado indicios de que Salanueva recibió comisiones por adjudicaciones realizadas a favor del grupo Enso. Al respecto, destaca "los ingresos percibidos por Salanueva durante el tiempo en que se realizaron todas las adjudicaciones, que superan los sesenta millones de pesetas, cantidad suficientemente elevada para dudar de su procedencia dado el nivel de ingresos de un funcionario".
