De la Rosa fracasa en su intento de que el 'caso KIO' pase en exclusiva a Moreiras

La sentencia de la Corte de Apelación de Londres, en la que se confirma que la justicia británica es competente para tramitar y juzgar sobre la demanda presentada por el grupo Torras-KIO contra sus anteriores gestores, encabezados por Javier de la Rosa, ha supuesto un nuevo y duro golpe para el financiero español. De la Rosa pretendía que el caso quedara exclusivamente en manos del juez de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, ante quien Torras-KIO presentó una querella que está prácticamente paralizada desde 1993. De la Rosa tendrá que explicar en Londres qué hizo con los 500 millones de dólares que le reclama Torras.

La demanda civil de Londres -en la que KIO acusa además de a Javier de la Rosa, al ex presidente de KIO, Faliad Al Sabah, al ex director general de KIO, Fouad Jaffar, al ex abogado del grupo, Juan José Folchi, y a otros socios del financiero, como Narciso de Mir y Miguel Soler, de "conspiración fraudulenta" para apropiarse de 500 millones de dólares (65.000 millones de pesetas)- es hoy la principal preocupación del financiero, junto con el caso Tibidabo.La Corte de Londres ya ha dictado una orden de embargo preventivo de todos los bienes de De la Rosa, por 500 millones de dólares, y ahora debe hacer frente a las demandas de información, formuladas por el juez Mance, que instruye el caso, para conocer el destino final del dinero desaparecido.

A la espera del juicio definitivo, la sentencia de la Corte de apelación, rechazando el recurso de De la Rosa y sus supuestos cómplices, revela que la justicia británica ya tiene una clara opinión sobre lo ocurrido con el dinero desparecido de las arcas del Grupo Torras, en contraste con la inactividad que rodea al casó en el juzgado de Moreiras.

La resolución de la Corte de apelación, coincide con la del juez instructor: considera probado que a través de cinco complejas operaciones, "black holes" (agujeros negros) según el juez, se encubrió la desaparición de los mencionados 500 millones de dólares hacia cuentas privadas de los ex gestores del grupo: 17,5 millones de dólares para Jaffar en Zurich; 22,5 millones de dólares para Fahad, en este caso en Londres y, la parte del león, 105 millones de dólares para Javier de la Rosa, también en Suiza. Según la resolución judicial, ese dinero sirvió para que los demandados mantuvieran un lujoso tren de vida y financiaran sus negocios privados.

Los jueces de Londres han criticado también en su resolución los intentos de los abogados de De la Rosa y sus socios para aplazar indefinidamente la sentencia del tribunal. En esencia, la argumentación de los apelantes era que la investigación sobre lo ocurrido en el Grupo Torras correspondía en exclusiva a la justicia española, ya qué Torras había presentado una querella ante el juez Moreiras. A su juicio, ningún otro tribunal debería pronunciarse mientras el juez español no termine su instrucción, lo que parece bastante improbable. Para justificar su posición, los demandados presentaron sendos dictámenes de los letrados Jordi Carreras, defensor de la esposa de De la Rosa en el caso Grand Tibidabo, y del, profesor Josep María Rifá. La exposición oral de esos dictámenes ocupó cinco días de sesiones.

La Corte de apelación, en cambio, considera que ambos casos, civil el de Londres, penal el de Madrid, pueden instruirse separadamente, máxime si se tiene en cuenta.

Tampoco ha valido el manido argumento de que todas las operaciones fueron autorizadas por, el presidente de KIO, Al Sabah, puesto que el mismo era un miembro de la "conspiración", como demuestra la abundante documentación aportada por los demandantes, siempre según la sentencia.

Los próximos movimientos legales de De la Rosa deben interpretarse a la luz de todos estos datos. El financiero solicitó hace pocas semanas al juez Joaquín Aguirre, instructor del caso Grand Tibidabo, permiso para viajar a Londres, que le fue denegado. La petición era extraña ya que su presencia en la capital británica no era imprescindible. Según algunas fuentes, De la Rosa podría querer utilizar la negativa del juez para aparecer como indefenso ante las decisiones dé la Corte de Londres.