El sumario revela graves negligencias, de Economía al privatizar Intelhorce

La privatización de la textil malagueña Intelhorce, fue una chapuza de la Dirección del Patrimonio del Ministerio de Economía. Así se desprende de las numerosas declaraciones de ex altos cargos de Patrimonio y antiguos responsables de la empresa, muchas de ellas contradictorias y que están contenidas en el sumario de unos 24.000 folios. En el sumario consta que Economía vendió Intelhorce al empresario italiano Giovanni Orefici sin indagar su solvencia y creyendo erróneamente que estaba respaldado por el grupo Benetton. Patrimonio no se enteró de que Orefici utilizó para la compra un aval afianzado con dinero que la propia Administración inyectó a Intelhorce como ampliación de capital.

El levantamiento del secreto sumarial ha permitido conocer que además de prevaricación, el juez Juan Francisco Ramírez Barroso acusa de un presunto delito de malversación por negligencia a los ex directores generales del Patrimonio Francisco Zambrana y Luis Alcaide y al ex subdirector Miguel Ángel Herrera Chamorro. Zambrana, que ocupaba el cargo en el momento. de la venta de Intelhorce en 1989, ha declarado ante el juez que "dio por sentado" que el comprador de la textil estaba relacionado con el grupo Benetton. Y lo justifica porque la firma Improasa -broker del propio Patrimonio- así se lo manifestó. El entonces presidente de Improasa, José Miguel Moreno García, está en prisión desde hace tres meses acusado de cobrar comisiones de Orefici para facilitarle el control de Intelhorce.

Contragarantía

Zambrana dijo al juez Ramírez que nunca supo que Orefici utilizara 1.869 millones de pesetas de los 5.869 aportados por la Administración para contragarantizar un aval de 2.000 millones de pesetas que se le exigió para comprar la entidad textil. Tampoco su segundo, Miguel Ángel Herrera Chamorro, se enteró de la operación. En junio de 1991, cuando se marcha de la Dirección General de Patrimonio "aún no sabía nada ni la auditoría lo había reflejado", dijo Herrera al juez.Han tenido que pasar seis años para que el propio vendedor, Patrimonio, admita ahora que la situación patrimonial del conjunto de empresas controladas por el señor Orefici no era suficiente, en modo alguno, para contragarantizar un aval por importe de 2.000 millones de pesetas" y que la única contragarantía posible "sólo podía prestarla Intelhorce", según consta en un informe adjuntado al sumario el 30 de marzo.

Zambrana recuerda que fue advertido por Carlos Sajuán, entonces secretario general del PSOE en Andalucía, de que las empresas de Orefici eran desconocidas en Málaga, por lo que pidió a Improasa que "hiciera algún tipo de indagación" sobre ella. Improasa le respondió que el comprador de Intelhorce. estaba relacionado con el grupo Benetton, extremo que resultó falso.

El sucesor de Francisco Zambrana, Luis Alcaide, sí admite que el ministerio tuvo conocimiento de que Orefici utilizó fondos públicos para el aval una vez hecha la operación. El pasado 25 de mayo declaró al juez: "Cuando el subsecretario [en aquel momento Enrique Martínez Robles] conoce la posibilidad de que el aval tenga una contragarantía o esté afianzado con fondos procedentes de la propia ampliación de capital se acuerda replantearse la ejecución del aval con el consiguiente cierre de la empresa".

Declaración de Solchaga

El ex ministro de Economía, Carlos Solchaga, que declaró como testigo, dijo que llevó la propuesta de venta de Intelhorce al Consejo de Ministros porque creyó que el comprador era una empresa "vinculada al grupo Benetton, que prestó el aval de 2.000 millones que se le exigía y hacía la mejor de las ofertas". Esto confirma las sospechas del juez de que Economía no indagó sobre quién estaba detrás de Orecifi.El ex ministro de Economía, que ocupaba este cargo cuando se vendió la empresa en 1989, afirmó en su declaración hace menos de un mes que tramitó el expediente de privatización dado que no existían objeciones de la Intervención General del Estado ni de los servicios jurídicos. Los mismos argumentos mantuvo Enrique Martínez Robles, que declaró el pagado 22 de mayo.

El presidente de Intelhorce antes de la privatización, Diego García Morales, que fue el que firmó el talón de 1.869 millones que Orefici utilizó como contragarantía del aval, lo hizo porque era la única persona con poderes, sin conocer el destino que iba a tener el dinero, "pudiendo abusar estas personas de su buena fe".

Diego García Morales y el entonces consejero delegado de Intelhorce, Antonio Álvarez, se entrevistaron en alguna ocasión con miembros de la familia Benetton. En concreto, han declarado que Carlo Benetton acompañó a Giovanni Orefici a la fábrica poco antes de concretarse la venta. En una reunión con el entonces subdirector del Patirimonio, Álvarez advirtió que los planes de Orefici no le parecían realistas. El ex consejero, delegado de la empresa textil malagueña ha dicho al juez que a partir de entonces se le empezó a "hacer el vacío" en la empresa.

[El secretario general de la UGT de Málaga, Francisco Valenzuela, declaró ayer ante el juez Ramírez Barroso, aunque no pudo revelar el contenido de sus manifestaciones por estar relacionadas con una de las cinco partes del sumario que aún permanecen secretas, informa Según fuentes judiciales, sus declaraciones podrían estar relacionadas con la sociedad inmobiliaria Jardines Artola, que vendió un apartamento en Marbella a la mujer de un dirigente sindical que UGT tenía en Intelhorce.]