Garzon pide a Telefónica una relación de llamadas hechas en Interior desde 1983 a 1994

JULIO M. LÁZARO El juez instructor del caso GAL, Baltasar Garzón, ha solicitado al director de Telefónica que le remita un listado de las llamadas hechas desde 127 teléfonos del Ministerio del Interior para comprobar con qué personas contactaron sus titulates entre 1983 y 1994. Uno de los teléfonos investigados es el del despacho del ex secretario de Estado Rafael Vera, que sigue preso en Alcalá-Meco (Madrid). Fuentes de Telefónica indicaron anoche a este diario que la compañís sólo conserva datos de las conferencias interurbanas de los dos o tres últimos meses.

Garzón señala que la diligencia es "imprescindible" para la investigación y tiene la finalidad de conocer si algunas de las personas procesadas en el caso GAL "han mantenido cualquier tipo de contactos por vía telefónica que acrediten su relación con los hechos que se persiguen".Garzón recuerda en su resolución que en su día solicitó a la secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles, la relación de los teléfonos correspondientes a la antigua Secretaría de Estado para la Seguridad y sus titulares, lo que le fue remitido.

Ahora, con el listado en la mano, el juez desea conocer las llamadas realizadas desde 26 teléfonos de la Secretaría de Estado para la Seguridad entre los años 1987 y 1994, así como los destinatarios de esas llamadas.

También requiere a Telefónica que concrete los números de teléfonos, y titulares de los mismos, a quienes se llamó desde siete teléfonos móviles y 54 urbanos entre septiembre de 1983 y enero de 1987, años en los que se produjeron los atentados de los GAL contra miembros de ETA en Francia.

El juez pide asimismo datos sobre las llamadas realizadas desde un total de 31 extensiones telefónicas de la Dirección General de Policía en ese periodo, y sobre otros nueve números entre enero y febrero de 1986, fechas estas últimas en las que los entonces policías José Amedo y Michel Domínguez contrataron a los mercenarios portugueses que atentaron contra los bares Batzoki y La Consolation, en territorio francés.

Una de las posibles conexiones que está buscando el juez Garzón, según fuentes próximas al caso, es averiguar si desde alguno de esos teléfonos se contactó con el número 442 25 26 de Bilbao, correspondiente al piso donde se encontraba el contestador automático presuntamente utilizado por los GAL.

Fuentes de la Audiencia Nacional y de las defensas pusieron en duda la utilidad de la diligencia, dado el tiempo transcurrido, la previsible gran cantidad de llamadas realizadas y la dificultad de que Telefónica conserve datos de hace 11 años

En ese sentido, fuentes de Telefónica consultadas anoche indicaron que sólo sería posible conocer las conferencias interurbanas realizadas desde dichos teléfonos en los últimos dos o tres meses, periodo que queda fuera del ámbito de lo reclamado por Garzón.

Según dichas fuentes, las llamadas urbanas sólo quedan registradas si el cliente lo solicita expresamente y paga un cantidad por cada registro, y eso sólo es posible desde la introducción de la factura detallada, lo que se limita a los últimos 12 meses.

En la factura detallada que desde hace un año reciben unos siete millones de usuarios, quedan registradas las conferencias interurbanas, pero nunca las locales. Con la tecnología de los años anteriores difícilmente se podría rastrear alguna llamada interurbana, pero de las realizadas concretamente entre los años 1983, y 1987 no quedaría rastro "ni de las urbanas ni las interurbanas", según dichas fuentes.