El juez García-Castellón rechaza investigar a los escoltas de Aznar

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que instruye la causa por el atentado de ETA contra el líder del PP, José María Aznar, ha rechazado el recurso de la fiscal María Dolores Márquez de Prado en el que ésta pedía conocer la identidad del jefe de protección de Aznar y de los escoltas, y, además, que el primero fuera llamado a declarar. El juez explica en su resolución que "no alcanza a comprender" los motivos de la petición y reitera que es innecesario conocer el nombre de los responsables del dispositivo de vigilancia de Aznar, cuyas vidas podrían correr peligro si se les identifica al ser llamados a declarar.

García-Castellón añade que la cuestión no es relevante para la investigación, tendente a averiguar quiénes fueron los etarras autores del atentado.

La fiscal Márquez de Prado pidió al magistrado que recabase de la Secretaría de Estado de Interior las medidas de seguridad de Aznar y la identidad de sus rseponsables, y que fuese llamado a declarar el responsable máximo del dispositivo de contravigilancia. Lo que la fiscal pretendía conocer, según decía en su escrito de recurso, eran "los datos suficientes para averiguar qué resortes o mecanismos fueron incapaces de hacer desistir a los terroristas de su actuación".

García-Castellón, que solicitó a Interior la relación de medidas de seguridad del líder del PP aunque de forma genérica, reiteró ayer su negativa a que se especifiquen las identidades de los guardaespaldas de Aznar, por motivos de seguridad, y en concreto la declaración de su máximo responsable, quien además, viajaba con el líder del PP en el momento del atentado.

Jurisdicción ordinaria

Fuentes próximas al magistrado indicaron que en el caso de que la fiscal fuese buscando responsabilidades por supuestas negligencias en la protección del líder del PP, tal cuestión sería competencia de la jurisdicción ordinaria y no de la Audiencia Nacional.El magistrado también rechazó otros dos recursos interpuestos por la fiscal contra la decisión de mantener el secreto del sumario y contra la fijación de una fianza de 50.000 pesetas por parte de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT).

El juez estima necesario mantener bajo secreto las actuaciones con la finalidad de no entorpecer la investigación y poder practicar una serie de diligencias. La propia fiscal había solicitado el secreto para el supuesto de que fuese llamado a declarar el responsable de la seguridad de Aznar, y al no aceptarlo el juez, pidió que se levantase la medida. Respecto a la fianza de la AVT, el juez razona que la ley establece su obligatoriedad.

Al margen de los recursos, García-Castellón continúa las investigaciones sobre el atentado. Ayer comparecieron en la Audiencia ocho de los afectados por la explosión del coche bomba, para someterse a los reconocimientos del médico forense. Según fuentes de la Audiencia Nacional, el juez fue informado ayer de que la carga del coche bomba estaba compuesta por 45 kilos de amosal.