El acelerón de Móstoles

La conclusión de obras faraónicas en Móstoles (199.000 habitantes), como la plaza de toros polivalente, un nuevo conservatorio o el Palacio de Justicia, ha marcado el final de un mandato municipal que ha tenido serias dificultades para dejar a un lado los problemas políticos y sacar adelante la gestión municipal de los socialistas en el segundo municipio de la Comunidad en número de habitantes.Los tres primeros años de mandato fueron baldíos en lo que a actuaciones ante el ciudadano se refiere. El PSOE empezó gobernando con el apoyo del CDS. Enseguida perdió dos concejales. Luego, el alcalde -criticado por cobrar también una jubilación- huyó primero y dimitió después. Izquierda Unida entonces decidió apoyar al nuevo gobierno socialista, pero a costa de romper con la dirección en Madrid. Para colmo, el nuevo regidor pegó una colleja histórica, a uno de los cinco críticos que tenía en el grupo. En ese primer trienio, hasta las obras de un centro de salud en el casco urbano se interrumpieron durante 18 meses por quiebra de la constructora. Las concejalías que comenzaron a dar sus primeros frutos fueron la de medio ambiente, con la instalación de contenedores de reciclaje de pilas, papel y vidrio en los colegios, y la de la mujer, con el I y II Plan de Igualdad y la construcción de la casa de acogida a maltratadas. Las ayudas del Gobierno regional llegaban, según los responsables municipales, "con cuentagotas", por lo que las grandes obras previstas en el plan cuatrienal no comenzaron hasta el último año del madato.

Las primeras partidas destinaron a construir viviendas de protección oficial para jóvenes en el barrio de Los Rosales, que nació en 1992 con la ubicación del centro de servicios industriales. Tres años después, la iniciativa privada y la pública han levantado un total de 2.000 pisos y la zona está vertebrada por una línea de autobús que la une con la capital. También allí se ha reservado suelo para la futura universidad.

A esta iniciativa se sumó la creación de varios pabellones deportivos en colegios y una escuela infantil en el Parque Coimbra (un barrio alejado ocho kilómetros del casco urbano).

Entre las medidas más impopulares de los socialistas destacó la puesta en marcha de la grúa municipal, que levantó gran polvareda por las presuntas irregularidades destapadas por la oposición. En este sentido, el grupo mixto denunció que se estaba cobrando casi 4.000 pesetas de más por el enganche de cada vehículo mal estacionado y que la empresa que gestionaba el servicio no había rendido las cuentas de todo un año al consistorio. Este servicio provocó muchos enfrentamientos entre ciudadanos y agentes de policía que les cobraban 5.785 pesetas por el enganche y 1.157 por día de estancia en el depósito.

Tampoco los comerciantes se salvaron de pagar impuestos adicionales. A principios de 1995, el Ayuntamiento intentó cobrarles una tasa por la recogida de basuras que se había dejado de aplicar en el año 1987. En aquella ocasión, el grupo mixto señaló que el consistorio pretendía embolsarse 55 millones de pesetas para saldar una mínima parte de la deuda municipal, cifrada en 8.000 millones. Un recurso presentado por este grupo paralizó el cobro de la tasa.

El PP también desencadenó su particular guerra contra el equipo de gobierno denunciando la emisión ilegal en 1994 de los impuestos de bienes inmuebles y tracción mecánica con un incremento del 3% que no debía aplicarse hasta el año siguiente, lo que suponía 70 millones de pesetas de más para las arcas municipales. Los populares instaron a los vecinos a reclamar esas cantidades y consiguieron que presentaran en el registro del Ayuntamiento más de un millar de recursos, a los que el PSOE hizo oídos sordos. Al contrario, contraatacó con una campaña contra los morosos, dirigiéndose a los ciudadanos que debían de sus impuestos cantidades entre 10.000 y un millón de pesetas. Se recaudaron 400 millones en una primera fase y se perdieron otros 500 por no haber reclamado a tiempo.

Pero después de la de cal, el consistorio dio la de arena con el inicio de la urbanización del parque Cuartel Huerta, donde después quedarían ubicados el nuevo conservatorio, el Palacio de Justicia, con capacidad para 16 juzgados, y la biblioteca central, obras que ocasionaron un gasto de casi 1.000 millones de pesetas. La plaza de toros polivalente en el barrio de Los Rosales, con un coste de 300 millones de pesetas, y la Finca Liana o pulmón de Móstoles, con otros 900 millones, han representado el último dispendio del Ayuntamiento mostoleño.

El poco patrimonio histórico de que dispone el municipio también mereció la atención de los grupos municipales. Su principal baluarte, la ermita de: los Santos, que data del siglo XVII, consiguió la calificación de bien de interés cultural y se ha rehabilitado recientemente la fachada y la cubierta con ocho millones de pesetas.

El Ayuntamiento cedió asimismo a la diócesis de Getafe tres parcelas de varios miles de metros cuadrados para otras tantas iglesias.

En el tintero se han quedado la rehabilitación del antiguo casino, el arreglo del eje de la calle de Alfonso XII para salir a la antigua carretera de Extremadura, la construcción de accesos a la urbanización Parque Guadarrama, la ampliación de la red de transporte interurbano y la publicación de una auditoría del Ayuntamiento que la oposición solicitó al principio del mandato y que, según sus representantes, "está guardada en un cajón desde hace meses".

Móstoles tampoco tiene bandera ni escudo. Las luchas políticas lo impidieron. Todo se debió a la discusión sobre "el tono del azul de la enseña" sobre el que, una vez más, no se pusieron de acuerdo.